Vaticano en vilo: Cuba revierte liberaciones de presos políticos

La reciente maniobra del gobierno cubano de reencarcelar a opositores políticos liberados pone en jaque su compromiso con el Vaticano. El acuerdo, celebrado en enero de 2025 como un gesto simbólico por el Jubileo y los 90 años de relaciones bilaterales con la Santa Sede, contemplaba la liberación de más de 500 detenidos, incluidos al menos 230 considerados presos de conciencia por organizaciones de derechos humanos.

La delegación enviada por el Papa León XIV encabezada por el arzobispo Paul Richard Gallagher, buscaba fomentar un clima de distensión. Sin embargo, apenas unos meses después, el régimen ha revertido varias de esas liberaciones, deteniendo nuevamente a figuras emblemáticas como José Daniel Ferrer, Félix Navarro y Donaida Pérez, bajo argumentos que organizaciones internacionales califican como arbitrarios.

Presiones tras la excarcelación

Aunque no todos los liberados fueron devueltos a prisión, muchos viven bajo un clima de acoso sistemático. Las denuncias por vigilancia policial constante, amenazas verbales, citaciones judiciales y restricciones de movilidad se han vuelto frecuentes. Algunos incluso han recibido propuestas informales para colaborar con el régimen a cambio de tranquilidad, lo que revela una estrategia más amplia de control político.

Este tipo de presión, aunque no implica formalmente la cárcel, limita de facto la libertad de los excarcelados. No pueden ejercer trabajos en el sector privado sin represalias contra sus empleadores, ni tampoco salir del país. A ojos de organismos de derechos humanos, la liberación fue más bien un intercambio simbólico sin garantías reales, usado como carta de negociación internacional.

Justificaciones legales del régimen

El gobierno cubano ha defendido sus acciones alegando que algunos de los reencarcelados incumplieron los términos de su libertad condicional. Las faltas incluyen desplazarse sin autorización oficial, no presentarse a citaciones judiciales o emitir declaraciones públicas críticas contra las autoridades. Según el régimen, estas conductas justifican plenamente la revocación de la excarcelación.

Sin embargo, expertos jurídicos y organizaciones como Prisoners Defenders argumentan que dichas condiciones son tan vagas y arbitrarias que convierten la libertad condicional en una forma de vigilancia encubierta. Esta práctica no es nueva: en ocasiones anteriores, el régimen ha utilizado mecanismos similares para desactivar la protesta sin provocar condenas internacionales directas.

Estados Unidos, una pieza en el tablero

La parte cubana ha señalado también a Estados Unidos como corresponsable del fracaso del acuerdo. La Habana sostiene que Washington no cumplió con compromisos paralelos, especialmente en el plano diplomático y económico. Entre los puntos sensibles está la permanencia de Cuba en la lista de países que patrocinan el terrorismo, lo que obstaculiza cualquier apertura financiera real.

El acercamiento promovido por el Vaticano dependía de una triple coordinación entre Cuba, EE.UU. y la Santa Sede, lo que nunca llegó a consolidarse del todo. En este contexto, el incumplimiento cubano aparece como una respuesta a la falta de reciprocidad, aunque lo paguen los propios opositores.

Los nombres detrás de las cifras

El caso de José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, es paradigmático. Fue liberado en enero tras casi tres años de encierro, pero en abril ya estaba de vuelta en prisión. Lo mismo ocurrió con Félix Navarro, otro veterano opositor, y con Donaida Pérez, activista LGTBI. Todos ellos fueron acusados de “desobediencia” o “desacato” sin un debido proceso claro.

Para el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, el régimen usó a estas figuras como moneda de cambio temporal, con la intención de obtener legitimidad internacional. En cuanto las condiciones dejaron de ser políticamente útiles, reactivaron la maquinaria represiva sin contemplaciones.

Silencio oficial y condena internacional

Desde La Habana no se han emitido declaraciones formales tras las recientes reencarcelaciones. El gobierno evita hablar directamente del incumplimiento, mientras insiste en su soberanía legal. En contraste, múltiples voces del exterior -incluyendo miembros del Parlamento Europeo- han exigido explicaciones públicas y un monitoreo independiente del estado de los derechos humanos en la isla.

El Vaticano, por su parte, no ha emitido una condena directa, pero fuentes diplomáticas reconocen que el episodio ha erosionado la confianza construida tras años de diálogo cuidadoso. Las gestiones silenciosas del Papa corren ahora el riesgo de diluirse entre reproches cruzados y discursos inmóviles.

Miguel Diaz-Canel, presidente de Cuba.

Faltas y culpas 

El incumplimiento del acuerdo con el Vaticano no solo evidencia la fragilidad del diálogo político en Cuba, sino también el carácter instrumental con que el régimen trata a los derechos humanos. Las excarcelaciones, en lugar de representar un giro de apertura, fueron una táctica momentánea en un escenario de presión internacional.

A menos que haya un compromiso verificable con estándares mínimos de justicia y transparencia, estos episodios seguirán repitiéndose. La represión no ha cedido; simplemente ha cambiado de forma, de la celda al control social extendido, y eso, en términos prácticos, es apenas una variante del encierro.