La demanda ambiental que surge tras el cierre de Atanor en San Nicolás

El cierre preventivo de la planta de Atanor en San Nicolás desató una fuerte advertencia del Consejo Profesional de Química de la Provincia de Buenos Aires (CPQ-PBA), que exigió un plan urgente de remediación ambiental y sanciones ejemplares contra la firma por los graves daños ocasionados al entorno y a la salud de la población.

A través de un comunicado oficial, el CPQ pidió que “los organismos del Estado pertinentes lleven a cabo rigurosos controles a cargo de personal idóneo y matriculado” para diagnosticar el alcance del desastre ambiental y verificar que la empresa cumpla con las acciones necesarias para revertirlo.

También reclamó que “se apliquen las sanciones correspondientes contempladas en el marco de la Ley”. La reacción del organismo se produce tras la decisión de la Autoridad del Agua (ADA) de clausurar de forma total y preventiva la planta de Atanor, ubicada a orillas del Río Paraná, luego de confirmarse un episodio de contaminación ambiental.

Según análisis realizados por laboratorios oficiales, se detectó la presencia de glifosato, atrazina, clorpirifos (prohibido en el país), fenoles y metales pesados como arsénico, plomo y cromo en los desechos industriales vertidos por la firma.

El informe también reveló que los residuos tóxicos eran arrojados a través de un ducto habilitado únicamente para efluentes cloacales, en una violación directa a la Ley Nacional de Residuos Peligrosos.

En respuesta al cierre, Atanor anunció su intención de relocalizar sus operaciones fuera de la provincia, aunque también informó que mantendría en el mismo predio un centro logístico para productos peligrosos, lo que generó nueva preocupación entre vecinos y especialistas.

El presidente del CPQ-PBA, Dr. Carlos Colángelo, fue contundente: “Es inadmisible que empresas que manipulan productos químicos de gran peligrosidad operen en el territorio provincial con total impunidad, como lo ha hecho Atanor por años y años”.

Además, cuestionó el rol del gobierno: “¿Es posible que los organismos de control provincial no supieran de los daños que fueron denunciados reiteradamente por los vecinos? ¿Se inspeccionó la planta con rigor técnico y profesional?”.

Colángelo también recordó que en marzo de 2024 se produjo una explosión en la misma planta, cuya investigación fue “dudosa en su proceder y en sus resultados”.

“El daño ya está hecho. Ahora, la responsabilidad insoslayable del Ministerio de Ambiente es exigir un plan de remediación total y efectivo, y aplicar sanciones reales. Este caso se inscribe en un contexto de irregularidades y falta de controles generalizado que atraviesa todo el arco químico-industrial de la provincia”, concluyó.

FS