
Un proyectil impactó en la Iglesia de la Sagrada Familia en Gaza, dejando un saldo trágico: tres civiles muertos, varios heridos y daños severos en el único templo católico de la Franja. Entre los heridos se encuentra el sacerdote argentino Gabriel Romanelli, figura pastoral de renombre internacional y referente de paz para la castigada comunidad cristiana local.
El hecho ha generado conmoción en el Vaticano y desencadenado una ola de condenas en Europa. Se trata de un golpe directo a un lugar de culto que, además de su significado espiritual, funcionaba como refugio para cientos de desplazados.
La respuesta del gobierno argentino fue un escueto comunicado que evitó condenar de forma directa el accionar israelí, limitándose a expresar "preocupación" y a declarar contacto con las autoridades religiosas. El mensaje fue percibido como insuficiente ante la gravedad del ataque.
Este tono contrasta con la realidad: un lugar de culto fue atacado, en un hecho que viola flagrantemente el derecho internacional humanitario y expone la fragilidad de las minorías religiosas en zonas de guerra. El silencio oficial fue, para muchos, un acto de complicidad.
En contraposición, la vicepresidenta Victoria Villarruel se pronunció con claridad: expresó su apoyo al padre Romanelli, denunció la agresión como "un atentado contra la libertad religiosa" y reclamó acción diplomática contundente.
Su postura, que recoge el sentir de amplios sectores católicos y defensores de los derechos humanos, dejó en evidencia la parálisis moral y política de la Cancillería frente a un crimen que no admite ambigüedades.
Quiero expresar todo mi apoyo y solidaridad al Padre Gabriel Romanelli y a toda la feligresía de la Parroquia Sagrada Familia en la Franja de Gaza, que hoy sufrieron el bombardeo de fuerzas israelíes. Envío asimismo mis condolencias a las familias de los cuatro muertos y la… pic.twitter.com/lBGdp0JP1H
— Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) July 17, 2025
La Iglesia de la Sagrada Familia se había convertido en refugio para cientos de civiles, entre ellos niños, ancianos y personas de distintas confesiones. Su destrucción afecta no solo a la comunidad católica, sino al tejido humanitario de Gaza.
El sacerdote argentino, herido mientras asistía a fieles, había sido reconocido por el propio Papa Francisco por su entrega. Durante la guerra, el pontífice lo llamaba cada noche para transmitirle su apoyo. Hoy, esa iglesia ha quedado marcada por el fuego y por el dolor.
Desde el Patriarcado Latino de Jerusalén y organizaciones humanitarias internacionales se ha exigido una investigación independiente. La comunidad internacional advierte sobre los riesgos crecientes para los cristianos en la Franja, cada vez más expuestos y con menos protección.
Mientras tanto, en la Argentina oficial, la tibieza reina. Ni condena, ni repudio, ni acciones concretas para proteger a un compatriota ni a su comunidad. En un escenario donde la palabra importa, el silencio puede ser tan lesivo como el proyectil que destruyó un altar.
La República Argentina expresa su seria preocupación por los hechos ocurridos en la Iglesia Católica de la Sagrada Familia, en la Franja de Gaza, en el marco de los cuales resultó herido el padre Gabriel Romanelli, ciudadano argentino y párroco de dicha comunidad.
— Cancillería Argentina 🇦🇷 (@Cancilleria_Ar) July 17, 2025
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El ataque a la iglesia católica en Gaza no es un daño colateral: es un ataque directo contra un símbolo de fe y humanidad. Y ante eso, guardar silencio o relativizar es complicidad.
La Argentina tiene la obligación moral y política de exigir responsabilidades, de defender a su sacerdote herido y de honrar su tradición de defensa de la libertad religiosa. Lo contrario es rendirse al cínico pragmatismo diplomático.