
Los beneficiarios del fallo judicial por la expropiación de YPF comunicaron a la Corte de Apelaciones de Nueva York que no desean quedarse con acciones de la petrolera en caso de recibirlas como parte del cobro. Aclararon que, de concretarse esa vía, buscarán un mecanismo para restituirlas, ya que no tienen intención de administrar la compañía.
La presentación coincidió con un nuevo respaldo de Estados Unidos a la Argentina. El gobierno norteamericano, a través del Departamento de Justicia, se sumó al pedido de suspensión de la orden de entrega de acciones dictada por la jueza Loretta Preska, el pasado 30 de junio. El apoyo se alinea con la postura que Washington ya había expresado en noviembre de 2024.
Según especialistas, los demandantes también se opusieron a que Argentina avance con la apelación sin presentar una garantía financiera. De acuerdo con su análisis, este nuevo escrito modifica el escenario procesal y refuerza la presión sobre el país.
En septiembre de 2023, Preska falló en contra de Argentina por la expropiación de YPF realizada en 2012. Determinó que el Estado debía pagar U$S 16.000 millones por no haber lanzado una oferta pública de adquisición a los accionistas minoritarios, tal como lo establecía el estatuto de la compañía.
El caso actualmente se encuentra en la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York. Para continuar con el proceso y evitar una ejecución del fallo, la Argentina necesita ofrecer una garantía financiera. Los beneficiarios ya anticiparon que no aceptarán una apelación sin respaldo económico, al considerar que, si el país pierde, sería difícil ejecutar la sentencia sin esa garantía.
La Corte deberá definir si Argentina puede apelar sin presentar esa garantía. En caso de rechazo, se abriría la posibilidad de avanzar en la ejecución del fallo y buscar activos argentinos en el exterior.