
Estados Unidos ha intensificado drásticamente su política de deportaciones durante junio y julio de 2025, alcanzando el número más alto de vuelos de expulsión en los últimos cinco años. Entre los más afectados se encuentran miles de ciudadanos haitianos, muchos de los cuales están siendo repatriados forzosamente pese al colapso institucional, la violencia y la crisis alimentaria en su país de origen.
La nueva estrategia no solo contempla vuelos a Haití, sino que también incluye destinos africanos para migrantes de origen haitiano, según han revelado funcionarios migratorios y activistas. Aunque la mayoría de estos vuelos parten con haitianos que han vivido durante años en EE. UU., el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) los considera deportables al haber perdido la protección temporal (TPS), ahora revocada por la administración Trump.
Durante junio, el gobierno estadounidense organizó 209 vuelos de deportación, superando en un 54 % el promedio mensual de este año. Esto representa no solo un récord desde 2020, sino también una señal clara del giro restrictivo que marca el segundo mandato de Donald Trump. La Casa Blanca ha declarado que busca "recuperar el control fronterizo", incluso si eso implica enviar personas a zonas donde corren riesgo real.
Entre los destinos de estos vuelos figuran países del Triángulo Norte, como Guatemala y Honduras, pero también se reportaron al menos 12 vuelos a naciones africanas, en un esfuerzo por externalizar el problema migratorio. Activistas consultados aseguran que algunos de estos vuelos incluyeron ciudadanos haitianos que no tenían vínculos familiares ni legales con África.
La frase “aviones gratis” comenzó a circular tras publicaciones virales en redes sociales, donde se sugería que la administración estaba ofreciendo transporte sin costo a haitianos para ser reubicados en África. Sin embargo, fuentes del DHS han evitado confirmar si se trata de una política oficial o si esos traslados corresponden a acuerdos específicos con terceros países que aceptan migrantes a cambio de compensaciones económicas.
El principal destino africano mencionado es Ruanda, país con el que EE. UU. estaría negociando un acuerdo similar al modelo británico de deportaciones externas. Este plan ha sido duramente criticado por organizaciones de derechos humanos, que consideran que externalizar las deportaciones a países del Sur Global equivale a evadir responsabilidades legales y morales.
Mientras tanto, Haití atraviesa una situación desesperada: más del 80 % de Puerto Príncipe está bajo control de bandas armadas, la escasez de alimentos se ha profundizado y los hospitales apenas funcionan. A pesar de ello, decenas de vuelos aterrizan semanalmente en Cap-Haïtien y otras ciudades, dejando migrantes sin recursos ni red de apoyo.
El 16 de julio, un vuelo con 96 haitianos repatriados generó controversia: la mayoría llevaba más de una década viviendo en EE. UU., y solo dos tenían antecedentes penales. Este tipo de operaciones ha sido descrito por grupos como Human Rights Watch como “una violación directa del principio de no devolución”.
Hasta ahora, el gobierno estadounidense no ha respondido a los pedidos de información sobre la legalidad y financiación de los vuelos hacia África. Organizaciones como Haitian Bridge Alliance han solicitado datos públicos para esclarecer si existen contratos con países africanos o si se está utilizando dinero federal para fletar estos vuelos bajo esquemas opacos.
Por su parte, la Agencia de la ONU para los Refugiados ha expresado su preocupación por el envío de migrantes haitianos a terceros países sin garantías de protección internacional, una práctica que podría sentar un precedente peligroso en el marco del derecho migratorio internacional.
El aumento de deportaciones hacia destinos africanos marca un nuevo capítulo en la política migratoria estadounidense, donde las decisiones ya no parecen regirse por el criterio de protección humanitaria, sino por una lógica de expulsión a cualquier costo. Aunque no hay aún evidencia pública de que se estén usando vuelos “gratuitos” como incentivo explícito, el patrón sugiere una política deliberada de dispersión territorial de migrantes indeseados.
La situación de los haitianos representa una tragedia silenciada, en la que miles de personas son arrancadas de sus comunidades, enviadas a contextos desconocidos y peligrosos, y desprovistas de mecanismos legales efectivos para resistir su expulsión. Si esta tendencia se consolida, marcará un precedente con consecuencias profundas para el derecho internacional y los derechos humanos.