
El proceso judicial contra Diego Cadena, abogado de confianza de Álvaro Uribe, ha alcanzado un punto crítico. Acusado de sobornar a exparamilitares encarcelados, Cadena enfrenta un fallo inminente que podría tener consecuencias políticas y judiciales de alto calibre. Aunque la Fiscalía asegura que hubo manipulación de testigos, la defensa insiste en que los pagos fueron "ayudas humanitarias" y que jamás existió intención de alterar versiones judiciales. Uribe, por su parte, ha reiterado que desconocía las gestiones puntuales de Cadena.
Todo comenzó en 2017, cuando Cadena contactó a Carlos Enrique Vélez, alias Víctor, y a Juan Guillermo Monsalve. Según la defensa, el propósito era verificar versiones contradictorias, no alterar testimonios. El abogado estuvo acompañado de su socio, Juan José Salazar, también imputado. La Fiscalía afirma tener pruebas sólidas —registros bancarios, visitas a cárceles, interceptaciones telefónicas— pero la defensa ha cuestionado la interpretación de ese material y ha acusado a la justicia de actuar con sesgo ideológico.
El punto de debate central es si los recursos entregados a testigos constituían sobornos o ayudas lícitas. La acusación sostiene que Cadena ofreció 200 millones de pesos a Vélez, pero el abogado argumenta que fueron aportes humanitarios y que no hubo exigencia alguna de cambio en las versiones judiciales. Algunos chats muestran conversaciones complejas, pero ninguna orden directa del expresidente Uribe. Su hermano Santiago fue absuelto en 2018, lo que también pone en duda el supuesto patrón de manipulación.
En el caso de Monsalve, detenido en La Picota, la Fiscalía asegura que Cadena lo presionó para grabar declaraciones contra Iván Cepeda. Sin embargo, no hay grabaciones concluyentes que acrediten dicha presión, y varios expertos han advertido sobre la falta de rigor en las acusaciones. Lo que para algunos es una maniobra ilegal, para otros constituye una legítima estrategia de defensa.
Álvaro Uribe enfrenta un juicio derivado de las acciones de Cadena. Aunque se insiste en su presunta implicación, no existe evidencia directa que pruebe que haya ordenado o aprobado pagos a testigos. El propio Uribe declaró que solicitó "verificaciones, no retractaciones", y su equipo jurídico destaca que no hay un solo documento que lo comprometa directamente. La Fiscalía, sin embargo, interpreta la secuencia de hechos como indicativa de una estrategia coordinada, lo que ha sido calificado por algunos analistas como una inferencia forzada.
La relación entre abogado y cliente es ahora el centro del debate. ¿Debe un cliente ser responsable por cada acción de su defensor legal? Para la defensa de Uribe, el juicio busca sentar un precedente político, no jurídico, y refleja una tendencia a judicializar la política colombiana.
Días antes del fallo, el periodista Daniel Coronell reveló un video en el que Cadena conversa con Manuel Castañeda, alias el "narcochofer", y menciona contactos en la DEA y el FBI. Allí sugiere una estrategia para relacionar a Cepeda y a Miguel Ángel del Río con el narcotráfico. La Fiscalía ha iniciado una investigación, pero hasta el momento no se han presentado cargos. La defensa de Cadena ha calificado esa reunión como una "bravuconada" sin consecuencias jurídicas, y ha advertido sobre el uso mediático del caso.
Más allá de lo penal, el proceso tiene una clara dimensión política. El Centro Democrático ha manifestado su respaldo a Uribe, aunque algunos sectores reconocen que la situación afecta al partido. Pero una condena sin pruebas irrefutables también podría sentar un precedente peligroso para cualquier figura pública. Para muchos, lo que está en juego es la confianza en un sistema judicial imparcial y libre de presiones ideológicas.
Un fallo adverso contra Cadena será presentado como una victoria de la justicia; pero para sus defensores, también podría significar la validación de un proceso injusto. La persecución contra Uribe, según este sector, no se basa en pruebas, sino en una narrativa construida desde sectores hostiles a su legado político.
La Fiscalía concluyó que Diego Cadena intentó sobornar a Juan Guillermo Monsalve con conocimiento de Álvaro Uribe. Le habría ofrecido beneficios jurídicos a cambio de una retractación. Lee más sobre las conclusiones de estos alegatos 👇 https://t.co/IyqFzn21vr
— Cuestión Pública (@cuestion_p) July 17, 2025
La sentencia contra Diego Cadena será un parteaguas. Si el fallo se construye sobre supuestos y no sobre hechos, podría convertirse en un capítulo oscuro de la justicia colombiana. Uribe, a pesar de las acusaciones, no ha sido hallado culpable de ningún delito y mantiene una amplia base de apoyo. La pregunta que queda es si la justicia está dispuesta a examinar pruebas, o si ya tiene su veredicto escrito.