Política
19/07/2025 - Edición Nº893
Internacionales
Política exterior
Cancillería Argentina evita condena directa tras ataque israelí a una iglesia en Gaza
19/07/2025 | Mientras el Gobierno condena con firmeza cada ofensiva de Hamas, su tibio comunicado por el ataque israelí a una iglesia revela un sesgo incómodo.
Gerardo Werthein es un médico veterinario y empresario argentino.
El reciente bombardeo israelí que alcanzó la Iglesia de la Sagrada Familia en Gaza, dejando al sacerdote argentino Gabriel Romanelli herido y provocando la muerte de al menos tres civiles, generó una escueta y cuidadosamente medida reacción del Gobierno argentino. A través de un comunicado oficial, la Cancillería expresó su "seria preocupación", sin llegar a calificar el hecho como condenable ni exigir responsabilidades concretas.
La Iglesia, única de confesión católica en la Franja, se había convertido en refugio de más de 400 personas, muchas de ellas niños, ancianos y desplazados. La omisión de términos como "ataque deliberado" o "violación al derecho internacional" contrastó fuertemente con otros posicionamientos recientes del Gobierno argentino ante situaciones similares.
El contraste con otras condenas
En múltiples ocasiones, Argentina ha reaccionado con rapidez y contundencia cuando se trató de ataques por parte de Hamas contra población civil israelí. Las palabras "condena enérgica", "acto terrorista" y "violación de los derechos humanos" han sido constantes en esos comunicados, subrayando la alianza estratégica con Israel.
El silencio comparativo frente al ataque a una institución religiosa cristiana -que además afectó a un ciudadano argentino- pone en evidencia una doble vara que incomoda incluso dentro del propio oficialismo. En lugar de una defensa clara de su connacional y del principio de protección de civiles en zonas de guerra, se optó por una declaración neutra, casi diplomáticamente aséptica.
¿Neutralidad o cálculo geopolítico?
La moderación del comunicado parece responder más a una necesidad de preservar vínculos con el gobierno israelí que a una posición coherente en materia de derechos humanos. El canciller Werthein ha construido su agenda internacional en base al alineamiento con Washington y Tel Aviv, lo cual explicaría la reticencia a una crítica frontal, incluso frente a hechos documentados y ampliamente denunciados por organismos internacionales.
Mientras tanto, figuras del arco político como la vicepresidenta Villarruel debieron cubrir el vacío simbólico, expresando en redes su solidaridad con Romanelli y su comunidad. Pero sin el respaldo pleno del Ejecutivo, el gesto queda reducido a una reacción individual más que a una postura institucional.
La República Argentina expresa su seria preocupación por los hechos ocurridos en la Iglesia Católica de la Sagrada Familia, en la Franja de Gaza, en el marco de los cuales resultó herido el padre Gabriel Romanelli, ciudadano argentino y párroco de dicha comunidad.
— Cancillería Argentina 🇦🇷 (@Cancilleria_Ar) July 17, 2025
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La voz que falta
La omisión del presidente Javier Milei en esta coyuntura también resulta llamativa. Ferviente defensor de Israel y crítico implacable de Hamas, no dedicó ni una línea a referirse al ataque que afectó directamente a un ciudadano argentino. El doble estándar se amplifica cuando se contrasta su silencio con la vehemencia con que ha acusado a otros países de antisemitismo o complicidad terrorista.
Que un líder religioso argentino sea herido en un lugar de culto alcanzado por fuego militar debería haber sido motivo suficiente para una reacción firme. No lo fue. Y la tibieza oficial parece validar la idea de que los principios humanitarios se aplican con selectividad.
Tibios y claroscuros
Argentina ha optado por una política exterior pragmática pero incoherente. Su defensa de los derechos humanos es ruidosa cuando se trata de aliados occidentales bajo ataque, pero titubea si esos mismos aliados son los agresores. La diplomacia no exige neutralidad ciega, pero sí coherencia.
En Gaza, un cura argentino resultó herido en una iglesia atacada por Israel. El Gobierno nacional no condenó el hecho. Esa omisión no es diplomacia: es una decisión política. Y revela, sin lugar a dudas, que el compromiso con los derechos humanos tiene límites cuando se enfrenta a los intereses estratégicos.
