
La Justicia de Salta ordenó el secuestro de los teléfonos celulares del concejal Pablo López, en el marco de una causa que investiga amenazas, encubrimiento y posibles maniobras ilegales. La medida fue dispuesta tras la presentación de pruebas por parte de la denunciante, que también comprometerían a la diputada nacional Emilia Orozco.
Según fuentes judiciales, el expediente apunta a esclarecer una presunta red de silencios y complicidades, en la que Orozco habría tenido conocimiento previo de los hechos denunciados. Si bien la legisladora aún no fue imputada formalmente, su nombre aparece mencionado en varios tramos de la investigación.
De manera paralela, el escándalo tuvo impacto inmediato en el plano político: Pablo López fue expulsado de La Libertad Avanza por decisión unánime de sus autoridades partidarias. El presidente del partido, Eduardo Virgili, expresó su “absoluto rechazo a los aberrantes hechos que son de público conocimiento”.
Desde el entorno de Javier Milei ratificaron la consigna oficial del Gobierno: “El que las hace, las paga”, y buscaron despegar al espacio de la figura del concejal, quien ya había sido cuestionado por actitudes previas dentro del Concejo Deliberante.
Por ahora, Emilia Orozco no hizo declaraciones públicas, aunque sus asesores niegan que haya tenido participación o conocimiento directo de los hechos. Aun así, la causa avanza y no se descartan nuevas medidas judiciales en los próximos días.
El expediente quedó bajo secreto parcial y se encuentra en manos de la Justicia provincial salteña, que evalúa la eventual citación a declarar de nuevos testigos y posibles imputaciones.