
En un acuerdo sin precedentes, El Salvador liberó y deportó a 252 venezolanos acusados de integrar el Tren de Aragua, detenidos en la megacárcel CECOT, a cambio de diez ciudadanos estadounidenses y varios presos políticos retenidos en Venezuela. El pacto, sellado con apoyo de Washington, coloca a Nayib Bukele como un intermediario clave entre Donald Trump y Nicolás Maduro, en un giro diplomático audaz que reafirma su capacidad de liderazgo regional.
Los venezolanos, muchos de ellos migrantes sin antecedentes criminales, habían sido deportados a El Salvador desde EE. UU. en marzo, acusados de ser miembros de esta banda criminal. Fueron recluidos en el CECOT, la cárcel símbolo del modelo de seguridad salvadoreño, y solo cuatro meses después, su destino cambió bruscamente tras un canje tripartito que reconfigura las relaciones entre los tres países.
La administración Trump utilizó una ley del siglo XVIII para justificar la deportación masiva de estos venezolanos. Amparadas en la Alien Enemies Act de 1798, las autoridades estadounidenses expulsaron a ciudadanos sin procesos judiciales formales, en un acto calificado por organizaciones de derechos humanos como una violación flagrante al debido proceso. Una vez en El Salvador, fueron etiquetados como presuntos miembros del Tren de Aragua sin pruebas fehacientes.
Las denuncias sobre el uso de tatuajes o acentos como criterio de identificación criminal incrementaron la polémica. Desde organizaciones como Cristosal hasta analistas internacionales, numerosos actores señalaron que los prisioneros en el CECOT no tenían vínculos comprobables con el crimen organizado y que la medida respondía más a intereses políticos que a motivos reales de seguridad.
La megacárcel salvadoreña, con capacidad para 40 000 presos, ha sido uno de los ejes de la política de seguridad de Bukele. A pesar de las críticas, ha sido presentada como una herramienta eficaz para contener el crimen organizado en la región. Los 252 venezolanos pasaron allí casi 120 días, sin contacto con abogados ni posibilidad de apelar sus casos.
Algunos de los liberados relataron, tras su llegada a Caracas, que vivieron en “un infierno sin ley ni derechos humanos”. Muchos eran migrantes que escapaban de la crisis venezolana y que, en vez de recibir asilo, fueron criminalizados en dos países diferentes. Su repatriación fue recibida con alivio, pero también con indignación por los métodos empleados durante su detención.
A cambio de la entrega, Venezuela liberó a diez estadounidenses encarcelados desde hace años, entre ellos contratistas petroleros, activistas y un periodista. También se incluyó la liberación de un número aún no especificado de presos políticos venezolanos, en lo que Washington calificó como un “gesto humanitario”.
La negociación fue facilitada por Bukele, quien aparece ahora como pieza central en un entramado diplomático de alta sensibilidad. Su protagonismo ha sido celebrado en sectores políticos y diplomáticos, y su capacidad de interlocución con actores opuestos refuerza su perfil internacional como líder pragmático y resolutivo.
Este acuerdo marca un precedente en América Latina. Si bien los canjes de prisioneros no son nuevos, la participación de un tercer país como custodio temporal de migrantes criminalizados sienta un modelo innovador. En los hechos, El Salvador desempeñó un rol estratégico que eleva su relevancia geopolítica y lo posiciona como actor confiable ante Estados Unidos y otros gobiernos de la región.
El impacto diplomático también es significativo. Mientras Trump refuerza su discurso antiinmigrante, Maduro obtiene legitimidad internacional al aparecer como actor negociador, y Bukele consolida su imagen de líder fuerte, hábil y dispuesto a tomar decisiones arriesgadas en beneficio de la estabilidad regional.
Funny how the perfectly healthy Tren de Aragua detainees suddenly fall ill the moment they set foot in Venezuela.
— Nayib Bukele (@nayibbukele) July 19, 2025
Same script, every time. pic.twitter.com/P6U1EeLLyF
El intercambio revela una convergencia coyuntural de intereses entre tres gobiernos, pero también expone la capacidad de El Salvador, bajo la conducción de Bukele, de navegar escenarios complejos y generar resultados concretos. La operación favoreció a Trump electoralmente, a Maduro en legitimidad externa y a Bukele como mediador global. Pero la población afectada fue, una vez más, la más vulnerable: migrantes pobres atrapados en redes de criminalización sin defensa efectiva.
Es altamente probable que este tipo de pactos se repita en otros contextos, particularmente en años electorales o de presión diplomática. Lo que queda pendiente es el debate sobre la legalidad, los derechos de los deportados y el papel que países como El Salvador pueden asumir como plataformas de solución regional con liderazgo propio.