Morena y la crisis interna: nepotismo y crimen organizado al descubierto

Una expresión lanzada sin cálculo por el secretario de Gobierno de Tabasco, José Ramiro López Obrador, terminó por condensar el momento político que atraviesa Morena: “Ya está saliendo toda la pudrición”. Lo que parecía una frase desafortunada se ha convertido en la mejor síntesis del estado de descomposición institucional y moral que comienza a permear al partido fundado por su hermano, el presidente saliente Andrés Manuel López Obrador.

Desde la cúpula hasta los estados, los escándalos se acumulan y revelan un patrón común: el poder absoluto corrompe rápidamente cuando se gobierna sin contrapesos reales. Funcionarios vinculados al crimen, familiares protegidos por redes políticas, legisladores que atacan periodistas y gobernadores que persiguen a ciudadanos incómodos conforman el nuevo rostro del partido hegemónico.

Nepotismo y crimen organizado

Uno de los casos más explosivos es el de Hernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad en Tabasco, presuntamente líder de una organización criminal llamada “La Barredora”. Bermúdez habría operado con protección institucional bajo el manto de José Ramiro, quien ha sido señalado como su encubridor directo desde el aparato estatal. Lo más grave no es la acusación en sí, sino la normalización del nepotismo como modelo operativo dentro del morenismo.

La estructura familiar del poder no se limita a Tabasco. El caso de la llamada “Diputada Dato Protegido”, cuya identidad se ocultó por órdenes judiciales tras ser vinculada con un escándalo matrimonial con el diputado Sergio Gutiérrez Luna, expone una red de protección que desvía recursos judiciales para fines personales y partidistas. El intento de censura provocó una reacción de descrédito contra el Tribunal Electoral, convertido ahora en instrumento dócil del oficialismo.

El segundo piso en silencio

La dirigencia nacional de Morena ha optado por el mutismo. Ni Mario Delgado ni los cuadros fundadores del movimiento han dado explicaciones convincentes o han marcado distancia con los personajes implicados. Lejos de rectificar, la cúpula del partido refuerza el cerco de protección, profundizando la desafección incluso entre simpatizantes históricos.

El problema, más allá de lo mediático, es estructural. Cuando los mecanismos internos de vigilancia desaparecen y se premia la lealtad por encima de la integridad, la corrupción deja de ser excepción para convertirse en norma. Ese es el punto de inflexión que parece haber alcanzado Morena.

Gobernadores, senadores y el uso del miedo

En los estados, el autoritarismo comienza a materializarse en agresiones contra la ciudadanía. Gobernadores como Layda Sansores (Campeche) y Américo Villarreal (Tamaulipas) han utilizado el aparato estatal para perseguir a críticos locales. La narrativa del enemigo interno -una constante en la retórica de la 4T- ahora se traduce en acciones concretas de intimidación y censura.

Casos como el del senador morenista José Narro, que lanzó amenazas públicas contra periodistas y opositores, evidencian una nueva etapa del oficialismo: aquella en la que el control político se impone por miedo, no por convicción. Lejos de ser condenados, estos actos son tolerados o incluso aplaudidos dentro del círculo presidencial.

Estados en crisis: Baja California y Sinaloa

En Sinaloa, el gobernador Rubén Rocha ha sido vinculado indirectamente con un homicidio político de alto perfil, generando un terremoto mediático que ha sacudido a su administración. Aunque no hay pruebas concluyentes, la falta de transparencia y la negativa a colaborar con organismos independientes ha generado sospechas fundadas.

Mientras tanto, en Baja California, la gobernadora Marina del Pilar Ávila enfrenta una crisis personal con consecuencias políticas: su esposo fue detenido por presuntos delitos migratorios. Aunque intenta aislar su figura de la controversia, el caso refleja una falta de filtros éticos en la selección de los círculos íntimos del poder.

Un liderazgo ausente

En este contexto, la ausencia de una figura que organice una autocrítica real en Morena es clamorosa. Claudia Sheinbaum, presidenta electa, ha evitado pronunciarse sobre los casos más polémicos. Su silencio podría leerse como prudencia política, pero también como una renuncia anticipada al control de su propio partido.

La transición política hacia su gobierno, lejos de ordenar al movimiento, ha agudizado las tensiones internas. Con múltiples grupos disputando cuotas de poder y sin una conducción clara, la 4T se enfrenta a su primera gran crisis de gobernabilidad interna.

Faltas y errores 

La narrativa de la “pudrición” ya no puede ser contenida en los márgenes de la crítica opositora. Surge desde las propias entrañas del poder y refleja el agotamiento de un modelo de construcción política basado más en el culto a la figura presidencial que en el fortalecimiento institucional. Lo que antes se denunciaba en otros partidos, hoy es moneda corriente dentro de Morena.

Si el partido gobernante no implementa una depuración real y urgente, corre el riesgo de enfrentar una erosión acelerada de su legitimidad, con efectos directos en la gobernabilidad nacional. La historia reciente de México demuestra que el poder sin ética suele ser efímero. Y esta vez, el desgaste llegó más rápido de lo previsto.