Maduro apunta a Bukele por CECOT: el trasfondo político de las denuncias

La Fiscalía de Venezuela anunció que investigará al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y a dos de sus principales funcionarios por presuntos abusos contra más de 250 venezolanos que pasaron por el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), en El Salvador. Las acusaciones incluyen supuestos golpes, abusos sexuales y falta de atención médica. Sin embargo, hasta ahora no se han presentado pruebas independientes que respalden dichas denuncias.

El anuncio fue hecho por el fiscal general Tarek William Saab, cercano al régimen de Nicolás Maduro, quien aseguró que los testimonios provienen de ciudadanos repatriados desde El Salvador. Pero defensores de derechos humanos y analistas políticos advierten que el caso carece de documentación sólida, peritajes forenses o validación internacional.

Contexto de canje político

La denuncia surge justo en medio de un acuerdo de liberación de presos entre Venezuela y Estados Unidos, mediante el cual al menos 80 venezolanos, incluidos 48 considerados presos políticos, fueron excarcelados. Para algunos observadores, el ataque a Bukele parece responder más a una lógica de propaganda interna que a un genuino interés por los derechos humanos.

Desde la Cancillería salvadoreña no se ha emitido una respuesta formal, pero fuentes diplomáticas consideran que el señalamiento busca deslegitimar la política de seguridad del gobierno salvadoreño, altamente popular dentro y fuera del país. Bukele ha mantenido niveles de aprobación superiores al 80 % y su modelo ha sido replicado en varios países latinoamericanos.

CECOT: entre la crítica y el respaldo popular

El CECOT ha sido blanco de cuestionamientos por parte de organismos internacionales, pero también ha recibido el respaldo de amplios sectores sociales que ven en esta cárcel una herramienta efectiva para enfrentar la criminalidad. En menos de tres años, El Salvador ha pasado de ser uno de los países más violentos del mundo a tener tasas de homicidio cercanas a las de Europa.

Los venezolanos detenidos en El Salvador fueron deportados desde Estados Unidos en marzo de 2025 bajo la llamada “Alien Enemies Act” del presidente Donald Trump, en el marco de un endurecimiento de las políticas migratorias. El gobierno de El Salvador afirmó entonces que algunos de los deportados tenían vínculos con estructuras criminales.

¿Víctimas reales o narrativa instrumentalizada?

A pesar de que algunos medios han difundido testimonios de presuntos abusos, la falta de verificación independiente deja abierta la posibilidad de que se trate de una narrativa politizada. En un contexto donde Venezuela busca legitimidad internacional tras años de sanciones, la estrategia podría ser desviar la atención y generar un enemigo externo común.

Además, organizaciones opositoras dentro de Venezuela han señalado la paradoja de que un gobierno acusado de mantener cerca de mil presos políticos intente ahora erigirse como defensor de los derechos humanos en el extranjero. Para muchos, esto desacredita el discurso oficial y pone en duda la motivación real de las acusaciones.

Sujeto canjeado por presos políticos en Venezuela. 

Bukele se impone

Las denuncias contra Bukele parecen inscribirse más en un tablero geopolítico que en un auténtico proceso de justicia. Sin pruebas claras, peritajes médicos o investigación internacional, las acusaciones lucen débiles frente a una opinión pública que reconoce el impacto del modelo salvadoreño en la reducción del crimen. En lugar de perseguir a quienes buscan restaurar la seguridad, los gobiernos deberían enfocarse en respetar sus propios compromisos democráticos.