Embajada de España interviene en conflicto del Santander: detalles clave

Mientras el Banco Santander ejecuta despidos masivos en sucursales de todo el país, incluyendo cierres en Neuquén, Río Negro y Buenos Aires, el Gobierno argentino mantiene un preocupante silencio. En contraste, la embajada de España en Buenos Aires manifestó su inquietud por la creciente tensión gremial y la falta de diálogo entre el banco y los trabajadores afectados.

El conflicto se visibilizó a nivel diplomático el pasado 17 de julio, cuando el sindicato La Bancaria se movilizó hasta la embajada española para entregar un petitorio y denunciar los despidos "encubiertos", presiones para firmar desvinculaciones y el vaciamiento de sucursales. En lugar de responder con firmeza, el Ejecutivo nacional ha optado por la omisión.

Inacción estatal

No hubo declaraciones del Ministerio de Trabajo ni de la Secretaría de Empleo ante una situación que afecta a cientos de trabajadores bancarios, muchos con años de antigüedad. Esta falta de intervención del Estado se produce pese a que se trata de un banco extranjero, con fuerte presencia en el sistema financiero local y que debería estar sujeto a controles más estrictos.

La actitud del Gobierno resulta aún más cuestionable al considerar que la embajada de un país extranjero se ve forzada a actuar como interlocutor para canalizar un conflicto gremial que debería resolverse en ámbitos locales. La diplomacia española solicitó información detallada al Santander y recibió el petitorio de los trabajadores, mientras el gobierno de Javier Milei guarda silencio.

Reacción sindical

En el plano gremial, el sindicato encabezado por Sergio Palazzo anunció la posibilidad de profundizar las medidas si no se abre una instancia de negociación. La Bancaria acusa al banco de recurrir a despidos sin causa, presiones psicológicas y reducción de derechos adquiridos. Las protestas incluyen asambleas, paros parciales y nuevas movilizaciones.

El impacto en las provincias ha sido significativo: en Neuquén y Río Negro ya se cerraron varias sucursales y se esperan nuevas desvinculaciones en las próximas semanas. La situación, lejos de ser aislada, se presenta como parte de un plan de ajuste estructural sin regulación del Estado.

Banco Santander, Argentina. 

Complicidad por omisión

Esta falta de acción por parte del Gobierno también genera inquietud en otros gremios, que observan con alarma el precedente que podría marcarse si una multinacional puede despedir masivamente sin consecuencias ni intervención oficial. El silencio estatal, en este contexto, se vuelve cómplice.

El mensaje de la embajada española deja en evidencia que mientras otros países siguen con atención el conflicto, el Gobierno argentino parece haber renunciado a su rol de garante de derechos laborales. El Estado argentino se corre del escenario justo cuando debería actuar como árbitro firme frente al capital extranjero.