24/07/2025 - Edición Nº898

Internacionales

Conflicto interno

A 4 meses del horror: balance sombrío tras la masacre en Burkina Faso de 130 civiles

22/07/2025 | Más de 100 personas fueron ejecutadas por fuerzas armadas en Solenzo, mientras el gobierno militar estrecha su control sobre información y disidencia.



En el corazón de Burkina Faso, una nueva tragedia sacude a la población civil. Al menos 130 personas fueron asesinadas en marzo por fuerzas militares y milicias progubernamentales en la región de Solenzo, según señalan informes recientes. Las víctimas, en su mayoría de la comunidad fulani, fueron ejecutadas tras ser acusadas sin pruebas de colaborar con insurgentes islamistas.

Estos asesinatos masivos se dan en un contexto de creciente militarización y deterioro institucional. Desde el golpe de Estado de septiembre de 2022, el capitán Ibrahim Traoré lidera un régimen que ha desplazado a millones de personas y consolidado una narrativa de guerra total contra el terrorismo, muchas veces a costa de derechos fundamentales.

Violencia como estrategia de Estado

La masacre de Solenzo no es un hecho aislado. Diversos testimonios y organizaciones internacionales han documentado una estrategia sistemática de ejecuciones sumarias, especialmente contra la etnia fulani, a quienes se asocia erróneamente con los grupos yihadistas que operan en el Sahel. El patrón de ataques sugiere una campaña de limpieza étnica encubierta bajo la bandera de la seguridad nacional.

Burkina Faso enfrenta una insurgencia islamista desde hace casi una década, con grupos vinculados a Al-Qaeda y al Estado Islámico. Sin embargo, la respuesta estatal ha profundizado el ciclo de violencia, desplazando a 2 millones de personas y provocando una emergencia humanitaria de gran escala.

Represión y censura mediática

En paralelo al avance militar, el gobierno de Traoré ha estrechado el cerco sobre la información. En junio de 2024, el Consejo Superior de Comunicación suspendió al canal francófono TV5 Monde por seis meses, alegando "contenido tendencioso" en su cobertura de las operaciones militares. También se sancionó a medios nacionales por divulgar información considerada crítica.

Esta censura se suma a la expulsión de funcionarios internacionales. En diciembre de 2022, la coordinadora residente de la ONU, Barbara Manzi, fue declarada persona non grata por supuestamente socavar la imagen del país. La decisión generó fuertes críticas de la comunidad diplomática.

Un poder en guerra con la ONU

Las tensiones entre el régimen de Ouagadougou y Naciones Unidas no son nuevas. A medida que aumentan las denuncias de violaciones de derechos humanos, el gobierno se ha mostrado hostil ante cualquier intento de monitoreo internacional, denunciando una "conspiración extranjera" para desestabilizar al país.

El Ministerio de Seguridad ha declarado haber desarticulado un complot de exmilitares exiliados que, presuntamente, planeaban atentados en la capital para facilitar un golpe de Estado. Esta narrativa se repite cíclicamente desde 2023 como justificación para reforzar el control interno.

Consecuencias para la población civil

La situación humanitaria es crítica. Millones de burkineses viven sitiados por la violencia o desplazados en campos sin acceso a servicios básicos. Las organizaciones humanitarias enfrentan restricciones para operar, mientras el Estado prioriza el discurso bélico sobre el bienestar ciudadano.

En este clima de impunidad, las comunidades afectadas tienen pocas vías de recurso. Las investigaciones independientes son escasas y el aparato judicial está subordinado al poder militar, lo que deja las puertas abiertas a nuevas atrocidades sin rendición de cuentas.

Una situación delicada 

La crisis en Burkina Faso se ha transformado en un laboratorio de militarización autoritaria en el Sahel. Si bien el avance yihadista representa una amenaza real, la estrategia de represión indiscriminada y censura profundiza la inestabilidad y fractura el tejido social.

En ausencia de controles democráticos o internacionales eficaces, el gobierno de Traoré parece avanzar hacia un modelo de guerra total, donde la seguridad sirve de excusa para anular derechos, callar a la prensa y ejercer violencia contra su propia población.