Milei, Ian Moche y sus tuits: el Congreso podría modificar una ley clave

El diputado nacional de Córdoba, Oscar Agost Carreño, presentó un proyecto para modificar la Ley N° 25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública.

Concretamente, el agregado busca establecer que toda declaración pública realizada por un funcionario será presumida como hecha en ejercicio de su cargo. Implicaría una regulación sobre el universo de las redes sociales.

El artículo que se agregaría quedaría redactado de la siguiente manera: “A los efectos de la presente ley, toda afirmación, manifestación, aseveración o declaración realizada por un funcionario público en ejercicio, ya sea mediante redes sociales, entrevistas, documentales, conferencias de prensa o cualquier otro medio de comunicación pública, será considerada realizada en el ejercicio de su función pública, salvo que se acredite de manera fehaciente que se trató de una manifestación de carácter estrictamente personal, sin vinculación con el cargo que ejerce ni con el interés público”.

En los fundamentos, el diputado hizo foco en las publicaciones de Javier Milei en “X” y acompañó la postura del fiscal federal de La Plata Oscar Julio Gutiérrez Eguía, quien manifestó que cuando el presidente tuitea actúa como Jefe de Estado.

“La Ley Nº 25.188, sancionada en 1999, constituyó un avance significativo en el establecimiento de principios y deberes para los funcionarios públicos en la República Argentina. Sin embargo, desde entonces el ecosistema comunicacional ha mutado radicalmente, especialmente con la irrupción y masificación de las redes sociales y plataformas digitales como canales de comunicación directa entre los funcionarios y la ciudadanía”, explicó el legislador cordobés.      

En ese contexto, “se advierte un vacío legal respecto de las manifestaciones públicas realizadas por quienes ejercen cargos públicos a través de medios informales pero masivos, tales como publicaciones en redes sociales personales, entrevistas no institucionales, documentales o conferencias en eventos privados”.

“Estas expresiones, aunque realizadas fuera de los canales oficiales, suelen referirse a actos de gobierno, políticas públicas o decisiones administrativas, y tienen un fuerte impacto en la percepción pública, la transparencia y la responsabilidad institucional”, sostuvo Agost Carreño.

Y concluyó: “A fin de garantizar la coherencia normativa, la responsabilidad funcional y la ética en el ejercicio de la función pública, este proyecto establece que, salvo prueba clara en contrario, toda declaración pública realizada por un funcionario será presumida como hecha en ejercicio de su cargo. Ello no implica restringir su libertad de expresión personal, sino delimitar con precisión las consecuencias jurídicas y éticas de sus manifestaciones cuando estas tengan proyección pública y puedan afectar derechos, deberes u obligaciones propios del cargo que detentan”.

FA