
La relación bilateral entre México y Estados Unidos atraviesa una nueva tensión, esta vez en el sector aéreo. El Departamento de Transporte estadounidense (DOT) anunció una serie de medidas que limitan la operación de aerolíneas mexicanas en su territorio. El detonante fue la decisión del Gobierno mexicano de reducir vuelos en el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (AICM) y redirigir operaciones hacia el Aeropuerto Felipe Ángeles (AIFA), una de las apuestas centrales del proyecto aeroportuario del expresidente saliente Andrés Manuel López Obrador.
La administración Trump, por medio del secretario de Transporte Sean Duffy, argumenta que estas acciones contravienen el Acuerdo Bilateral de Transporte Aéreo de 2015, al limitar de facto el acceso de aerolíneas estadounidenses al mercado mexicano. Entre las medidas adoptadas se incluye el veto a nuevos vuelos de aerolíneas mexicanas hacia EE. UU., el control estricto de vuelos chárter y la revisión de la inmunidad antimonopolio que permite la alianza entre Delta y Aeroméxico.
Las restricciones afectarán a un mercado aéreo con altísima interdependencia. Cerca del 70% del turismo internacional que llega a México proviene de EE. UU., lo que convierte a este sector en un objetivo sensible. Si la prohibición a nuevos vuelos se concreta en octubre, como se anticipa, podría representar la pérdida de decenas de miles de pasajeros y un golpe directo a la conectividad en temporada alta.
Empresas como Aeroméxico y Delta han advertido que la cancelación de vuelos afectará la llegada de más de 140.000 turistas estadounidenses y cerca de 90.000 pasajeros mexicanos, con impactos directos en ingresos por turismo, negocios y carga comercial. La Cámara Nacional de Aerotransportes (CANAERO) ha calificado la medida como abiertamente proteccionista, advirtiendo que socava la competitividad regional.
La presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció con cautela pero firmeza: "No hay razones para imponer restricciones", sostuvo, señalando que hasta ahora no ha recibido notificación oficial del Gobierno estadounidense. Aseguró además que los cambios en el AICM responden a criterios técnicos y de seguridad, y que la medida busca descongestionar uno de los aeropuertos más saturados de la región.
En paralelo, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes afirmó que las decisiones mexicanas están dentro del marco soberano y respetan el acuerdo bilateral, al no discriminar aerolíneas por su nacionalidad. Además, reiteraron que el AIFA está plenamente certificado por organismos internacionales y que su promoción responde a una política de distribución racional de la carga y el tráfico aéreo.
Uno de los puntos más delicados es la posible revocación de la inmunidad antimonopolio que permite la colaboración estratégica entre Delta y Aeroméxico. Esta alianza ha sido crucial para mantener la competitividad frente a gigantes como American Airlines o United. El DOT ha abierto un proceso de revisión y podría invalidar este acuerdo, lo cual representaría una ruptura sin precedentes en el panorama aéreo bilateral.
De confirmarse, la ruptura podría provocar la disolución de itinerarios conjuntos, códigos compartidos y tarifas integradas, lo que afectaría gravemente la experiencia del usuario y podría encarecer los boletos en ambas direcciones. Voceros de ambas compañías han anunciado que están preparando una defensa conjunta, enfatizando que su alianza ha mejorado la oferta al consumidor y optimizado las rutas más demandadas.
Este episodio no es aislado: se inscribe en un contexto de tensiones crecientes entre México y EE. UU., que han escalado desde la vuelta de Trump al poder. En los últimos meses, Washington impuso aranceles a productos mexicanos alegando razones de seguridad nacional, combate al fentanilo y gestión migratoria. La ofensiva en el sector aéreo representa un nuevo eje de presión.
Además, varios analistas coinciden en que estas medidas tienen un componente estratégico de cara a la revisión del TMEC en 2026. Al endurecer su postura ahora, EE. UU. podría buscar márgenes de negociación futura en comercio, energía y regulación ambiental, usando el sector aéreo como una ficha de cambio.
La decisión de EE. UU. de vetar vuelos mexicanos y condicionar alianzas corporativas se inscribe en una estrategia de presión comercial altamente calculada. Aunque se ampara en el cumplimiento de acuerdos bilaterales, su efecto inmediato es el debilitamiento de la industria aérea mexicana y un nuevo desequilibrio en la relación.
Para México, el desafío no es solo técnico, sino diplomático. Deberá sostener que sus decisiones responden a criterios de eficiencia sin ceder ante una narrativa de proteccionismo encubierto. Octubre será el mes clave: si las medidas entran en vigor, podría marcar un antes y un después en la conectividad aérea del país.