
Las protestas del pueblo ucraniano han puesto en evidencia una contradicción central en la estrategia de Volodímir Zelenski: mientras promete un nuevo plan contra la corrupción, debilita a las instituciones creadas para combatirla. La reciente aprobación de una ley que subordina a las agencias anticorrupción al fiscal general, nombrado por el presidente, ha encendido las alarmas tanto dentro como fuera del país.
El gesto de Zelenski de convocar a NABU y SAPO para redactar un "plan conjunto" en las próximas dos semanas parece, más que una iniciativa genuina, una maniobra para mitigar el descontento público y las críticas internacionales. La desconfianza no solo proviene de los organismos afectados, sino también de una opinión pública que ve en esta movida un intento de control político.
Zelenski defendió la ley alegando que busca acelerar procesos judiciales y proteger a Ucrania de infiltraciones rusas. Sin embargo, los analistas señalan que centralizar el poder sobre las agencias anticorrupción debilita su independencia y atenta contra los estándares exigidos por la Unión Europea para continuar el proceso de integración.
Organismos internacionales como la UE, el G7 y varios gobiernos europeos han manifestado su preocupación por esta reforma. La propia presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, advirtió que no puede haber "compromisos" en la lucha contra la corrupción. La paradoja es evidente: el gobierno dice combatir la corrupción, pero lo hace debilitando a quienes investigan esa corrupción.
Las calles de Kiev, Odesa, Dnipró y Leópolis fueron escenario de manifestaciones ciudadanas masivas, en lo que se considera la primera gran expresión de descontento interno desde el inicio de la guerra. La reforma no solo afecta el andamiaje institucional, sino también el delicado consenso social que sostiene al gobierno en tiempos de conflicto.
El hecho de que NABU y SAPO hayan tenido que exigir públicamente la restauración de su independencia, mientras la presidencia intenta maquillarlo con un "plan conjunto", demuestra cuán fracturada está la relación entre el Ejecutivo y las instituciones que deberían garantizar la transparencia.
La reputación de Ucrania como país en camino a reformas democráticas también está en riesgo. Muchos de los apoyos financieros y militares que Kiev ha recibido desde 2022 están condicionados a mejoras en materia de gobernanza y lucha contra la corrupción. Una percepción de retroceso podría debilitar el respaldo occidental justo cuando Ucrania más lo necesita.
Lejos de ser una medida técnica, la ley firmada por Zelenski reconfigura el equilibrio de poder en el país. La promesa de un "plan conjunto" en este contexto suena a estrategia de contención, no a voluntad reformista. El daño está hecho: la independencia de las agencias ha sido lesionada, y el mensaje hacia dentro y fuera de Ucrania es preocupante.
🇺🇦 #AHORA | PROTESTAS MASIVAS EN UCRANIA
— Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) July 22, 2025
“¡12414 es traición!”, “¿Mejor que Rusia? ¡Demostralo!”, “¡No a la corrupción!”
📢 Estallan protestas en Ucrania contra una ley que pone a las agencias anticorrupción bajo control político. Exigen veto inmediato. pic.twitter.com/EDI6fLh8g2
La movida de Zelenski se inscribe en una larga tradición de líderes que, ante la presión interna, optan por ampliar su control bajo la bandera de la eficiencia o la seguridad nacional. Pero la democracia no se mide por la velocidad de los procesos, sino por la salud de sus contrapesos institucionales. Ucrania, que lucha por su integridad territorial, no puede permitirse debilitar también su integridad democrática.