Colombia e Israel: ¿qué hay detrás del decreto de Petro sobre el carbón?

El presidente colombiano Gustavo Petro enfrenta una tormenta política tras afirmar que empresas como Drummond y Glencore han continuado enviando carbón a Israel pese al veto oficial impuesto en agosto de 2024. Petro asegura que estos suministros alimentan la industria armamentística israelí, en medio de su campaña diplomática contra la ocupación de Gaza. Según cifras sindicales y gremiales, entre septiembre y abril se exportaron al menos 1,24 millones de toneladas de carbón a ese país, por un valor cercano a 100 millones de dólares.

El mandatario también acusó al exministro de Comercio, Luis Carlos Reyes, de incluir una excepción que "vacía" el decreto. Afirmó que el funcionario lo "engañó" al permitir que los contratos firmados antes del veto siguieran ejecutándose. Esta versión ha sido duramente rebatida por el propio Reyes, quien señaló que actuó por instrucción directa del presidente para evitar demandas legales por parte de las empresas afectadas.

Disputa por la validez del decreto

El decreto de 2024 prohíbe las exportaciones de carbón a Israel, pero permite excepciones para contratos vigentes o con autorización previa. Esta cláusula ha sido el foco de la controversia: mientras Petro la califica de traición, expertos en derecho internacional afirman que es una exigencia jurídica para evitar la inconstitucionalidad de la medida y proteger al Estado de arbitrajes internacionales.

Los gremios carboneros y portuarios indican que la mayor parte de los envíos se hizo bajo ese amparo legal. La empresa Glencore incluso aseguró haber suspendido voluntariamente sus exportaciones a Israel antes de la entrada en vigor del decreto, mientras que Drummond defiende que todo se hizo conforme a derecho y con autorización de comités oficiales.

Volúmenes exportados: la evidencia contradictoria

Datos del sindicato Sintracarbón indican que se enviaron 905.666 toneladas de carbón a Israel desde el Caribe colombiano en 2025. Sin embargo, la Asociación Colombiana de Minería afirma que las exportaciones cayeron un 57% respecto al mismo periodo del año anterior, sugiriendo un descenso considerable.

Este conflicto de cifras revela la dificultad para verificar el cumplimiento efectivo del decreto. Aunque el gobierno insinúa que hubo omisiones deliberadas por parte de las empresas, estas responden con registros aduaneros y documentos de tránsito que demuestran transparencia en los embarques.

Petro endurece su posición pública

Durante la cumbre de CELAC en Tegucigalpa, Petro redobló la apuesta: exigió eliminar toda excepción en el decreto y advirtió que su gobierno podría modificar unilateralmente contratos mineros como el de Glencore. Incluso alentó movilizaciones territoriales de comunidades Wayúu para impedir la salida del carbón desde La Guajira.

En paralelo, ordenó a la Superintendencia de Industria y Comercio investigar posibles incumplimientos por parte de las multinacionales. También está evaluando presentar el caso ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), señalando posibles vulneraciones al decreto por parte de los exportadores.

Legalidad versus legitimidad

La tensión entre el cumplimiento jurídico y la intención política queda al descubierto. Para los expertos en comercio exterior, el decreto está mal diseñado: carece de sanciones claras, no establece mecanismos de supervisión robustos y contiene excepciones que lo vacían. Para Petro, sin embargo, se trata de una medida moral que debe cumplirse más allá de tecnicismos.

El dilema también revela los límites del poder presidencial frente a compromisos internacionales y contratos firmados. Un decreto mal construido puede ser desafiado en tribunales, como alertó el propio exministro Reyes, quien teme que el caso termine en instancias internacionales de arbitraje.

Gustavo Petro en una mina. 2022. 

Ideología y sombras 

El caso refleja un conflicto estructural entre la agenda ideológica del gobierno colombiano y los compromisos legales del Estado en materia comercial. La decisión de vetar las exportaciones a Israel responde a una postura política de alto voltaje internacional, pero su ejecución ha quedado atrapada en una maraña legal.

Con más de 900.000 toneladas enviadas tras el veto, y sin acciones judiciales concretas contra las empresas involucradas, la narrativa presidencial pierde fuerza. Si Petro no logra reformular el decreto o judicializar los casos, corre el riesgo de que su denuncia quede como una declaración simbólica sin efectos reales.