Un cura reconoció que abusó de una adolescente en un campamento: le dieron tres años de cárcel

La Justicia condenó a tres años de prisión al sacerdote Marcelo Ferrero, miembro de la Diócesis de Rafaela, por haber abusado sexualmente de una adolescente durante un campamento en Córdoba. El religioso admitió su responsabilidad en el marco de un juicio abreviado, y también fue inhabilitado de por vida para ejercer funciones eclesiásticas.

El episodio ocurrió en enero de este año, en la localidad cordobesa de Río Ceballos, mientras Ferrero acompañaba a un grupo de scouts de la comuna santafesina de Ramona. Según confirmó el medio Rafaela Noticias, el sacerdote cometió el abuso sexual en ese contexto de convivencia, lo que agravó la imputación penal al tratarse de un ministro de culto religioso mediando violencia, figura prevista en el Código Penal.

La sentencia fue dictada por el juez Javier Bottero, quien además de imponer la pena de prisión, dispuso una serie de normas de conducta restrictivas: el religioso deberá fijar domicilio en una congregación de Córdoba, someterse al control de la Dirección de Asistencia y Control Post Penitenciario, abstenerse de tener contacto o acercamiento con la víctima, no podrá ingresar a Ramona y deberá asistir a talleres sobre masculinidades o participar en terapias alternativas.

Frente a la condena, la Diócesis de Rafaela emitió un comunicado oficial en sus redes sociales. Allí confirmó que aplicó de forma inmediata el protocolo previsto para casos de abuso sexual en el ámbito eclesiástico. “Se actuó inmediatamente en conformidad con el protocolo previsto por las Normas Diocesanas para la prevención y el abordaje de abusos de menores y adultos vulnerables”, señaló el mensaje.

La institución religiosa también aclaró que, desde enero —cuando se conocieron los hechos—, se tomaron medidas cautelares. Entre ellas, el cese de Ferrero en todas las actividades pastorales, su traslado fuera de la comunidad donde prestaba funciones, la prohibición de contacto con la víctima, con menores, con sus familiares y con testigos del caso.

“Esta situación nos genera dolor y perplejidad”, expresó la Diócesis, que aseguró haber tomado contacto con los familiares de la víctima para informarles sobre sus derechos y acompañarlos durante el proceso judicial. También remarcaron que están a disposición de la Justicia y reafirmaron su compromiso con la protección de menores y adultos vulnerables en el entorno eclesiástico.