Revuelo en Colombia: el plan de Montealegre para vaciar las prisiones

En Colombia, la nueva propuesta del ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, ha encendido un debate crucial sobre el rol del sistema penitenciario. El funcionario sugirió que, si las cárceles no cumplen funciones reales de sancón ni rehabilitación, "lo mejor es cerrarlas", en referencia a la necesidad de replantear su utilidad dentro del proceso de Paz Total impulsado por el Gobierno.

La declaración ha generado una reacción inmediata por parte de actores institucionales, jurídicos y políticos. Para muchos, la afirmación de Montealegre simboliza un retroceso en la legitimidad del sistema judicial y una forma de rendión encubierta frente al crimen organizado.

Cárceles como centros de mando criminal

Según diversos informes y denuncias, las prisiones colombianas han dejado de ser espacios de control estatal y se han convertido en verdaderos centros operativos del crimen. Desde allí se organizan secuestros, extorsiones, homicidios y tráfico de drogas mediante el uso indiscriminado de tecnología y la corrupción del personal penitenciario.

Esto ha llevado a que se cuestione su función como herramienta de prevención o reinserción. Montealegre utiliza ese argumento para justificar una estrategia de vaciamiento carcelario que se vincula con las lógicas de amnistía y perdón dentro de las negociaciones de paz.

Rechazo institucional y político

La Corte Suprema de Justicia ha manifestado su preocupación por la medida, al considerar que debilita el Estado de derecho. Juan Manuel Santos, exmandatario y premio Nobel de Paz, también criticó la decisión, destacando que la paz no puede construirse a costa de la impunidad.

Otros exnegociadores de paz, como Humberto de la Calle, han alertado sobre los riesgos de mezclar justicia transicional con perdones masivos sin diferenciación entre actores políticos y delincuencia organizada. La iniciativa podría derivar en una deslegitimación del proceso mismo.

El proyecto legislativo en juego

Esta discusión se inserta en el marco del proyecto de ley presentado el pasado 20 de julio, que propone reducciones de pena entre el 40% y 70% para grupos armados, criminales comunes y manifestantes. Bajo el paraguas de la Paz Total, se pretende aplicar una justicia restaurativa sin condiciones claras.

La propuesta ha sido criticada por su ambigüedad en los criterios de elegibilidad, lo que permitiría el ingreso de estructuras criminales sin ninguna voluntad real de reparación o desarme. ONG como Human Rights Watch han advertido que el modelo podría legitimar a mafias como si fueran actores políticos.

Consecuencias en la opinión pública

La percepción ciudadana ante el tema es mayoritariamente negativa. Son amplios los sectores sociales que consideran que el Gobierno está privilegiando acuerdos con victimarios en lugar de garantizar justicia para las víctimas. La medida es vista como una traición al principio de legalidad.

A su vez, ha reaparecido en escena Germán Vargas Lleras, exvicepresidente y opositor del Gobierno, quien ha utilizado el tema para reforzar su campaña y presentarse como garante de la seguridad. Sus críticas resuenan en una parte del electorado que ve con temor el desmantelamiento del aparato penal.

Imagen: picture-alliance/Pacific Press/C.M. Garcia.

Sin justicia 

La propuesta de Montealegre no sólo cuestiona el sistema penitenciario, sino que pone en tensión el equilibrio entre la paz como horizonte político y la justicia como base institucional. Si bien es cierto que las cárceles en Colombia no cumplen su función ideal, reemplazarlas por el vacío o el perdón generalizado podría tener consecuencias graves en la estructura del Estado.

El dilema no es entre carcel o libertad, sino entre construir mecanismos eficaces de justicia transicional y evitar que el pragmatismo político termine debilitando la democracia. La solución no está en cerrar las puertas de las prisiones, sino en abrir las de una reforma judicial que combine eficiencia, garantismo y legitimidad social.