Villarruel desmanteló el Jardín del Senado y encendió la polémica por recorte

La decisión de Victoria Villarruel fue adoptada mediante el Decreto 401/2025, tras confirmar que el edificio presenta fallas estructurales graves que no permiten su reacondicionamiento sin una reconstrucción total.

El jardín había sido suspendido en octubre de 2024 luego de que un informe de la Dirección de Obras y Mantenimiento detectara: Irregularidades en el sistema contra incendios, ausencia de un plan de evacuación integral, uso compartido del edificio, que lo hacía incompatible con las normas de Escuelas Seguras.

Villarruel extendió una licencia especial hasta el 31 de diciembre de 2024 a los 72 trabajadores del Senado que utilizaban el jardín para el cuidado de sus hijos, sin ofrecer reubicación ni alternativas de cuidado infantil. 

¿Ahorro o ajuste simbólico?

La polémica no solo se instaló en torno a la seguridad edilicia, sino también por lo que representa simbólicamente: un recorte más en un contexto de ajuste fiscal. Aunque no se especificó el monto del ahorro, el cierre se suma a una serie de medidas de reducción del gasto público impulsadas por el gobierno de Milei, que incluyen disminuciones presupuestarias del 30 % en múltiples partidas estatales.

La eliminación del jardín implica que el Senado deje de asumir costos de mantenimiento, personal y equipamiento, que antes compartían otras áreas del Congreso hasta 2023. Luego de la derogación de una norma que permitía ese reparto, esos gastos recayeron íntegramente sobre el presupuesto del Senado, que ahora evita esa carga.

Voces en contra y críticas sindicales

Desde la Asociación del Personal Legislativo (APL) y otros sindicatos se criticó la falta de soluciones concretas para los empleados y sus hijos: “Era un espacio vital para madres y padres. La alternativa que ofrecen es ninguna”, expresaron representantes gremiales.

Legisladores de la oposición ya avanzan en iniciativas para recuperar el servicio o garantizar un nuevo espacio de cuidado dentro del Congreso. También criticaron que la medida encaje en una lógica de desmantelamiento de derechos laborales.

Más que una medida técnica

El "Jardín del Bosque" fue inaugurado en 2015 como una política de conciliación laboral, destinada a facilitar la organización de la vida familiar de trabajadores del Congreso. Su cierre definitivo no solo expone un problema edilicio, sino que se interpreta como un gesto político alineado con la agenda de austeridad y ajuste del oficialismo.

La reacción de sindicalistas y legisladores se centra en el costo social del cierre: familias sin cuidados, pérdida de un espacio democrático de cuidado y consolidación de un mensaje de reducción del Estado con saldo en derechos civiles.