
En medio del debate por las políticas de desregulación, diputados del bloque Unión por la Patria presentaron un proyecto para rechazar los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) 493/2025 y 494/2025, con los que el Gobierno de Javier Milei habilitó el inicio del proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) y autorizó, por primera vez en casi dos décadas, el corte del servicio por falta de pago.
La iniciativa, impulsada por Victoria Tolosa Paz y Sabrina Selva, junto a una decena de legisladores peronistas, cuestiona que el Ejecutivo “modifica de forma unilateral el marco legal vigente en materia de provisión del servicio público de agua potable y saneamiento”.
Los diputados advirtieron que la reforma “resulta profundamente regresiva para los usuarios”, ya que elimina la previsibilidad tarifaria y habilita cortes, “sin garantizar que las tarifas sean justas y razonables, como exige el artículo 42 de la Constitución Nacional”.
El Decreto 494/2025 autoriza la venta del 90% del capital accionario de AySA, actualmente en manos del Estado, a través de una licitación pública nacional e internacional. El plan contempla dos etapas: primero, la transferencia de al menos el 51% a un operador estratégico, y luego, la oferta del resto en mercados bursátiles, sin Programa de Propiedad Participada ni preferencias para trabajadores.
Por su parte, el DNU 493/2025 introduce cambios en la regulación del servicio, permitiendo el corte del suministro por falta de pago, algo que estaba prohibido desde la reestatización en 2006. Además, otorga facultades para auditar obras y usar ingresos como garantía para financiamiento externo.
El Gobierno justifica la medida en el déficit estructural de AySA, que habría recibido USD 13.400 millones del Tesoro entre 2006 y 2023, y sostiene que el esquema actual “es insostenible” en el contexto de crisis económica.
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