
El sur del Estado de México vive una situación de colonización criminal. Lejos de limitarse al tráfico de drogas, La Familia Michoacana ha logrado construir un sistema de extorsión territorial, acaparamiento de bienes y manipulación de precios que afecta desde carnicerías hasta empresas de paquetería. La violencia física es solo el componente visible de una estrategia mucho más amplia: la dominación de la economía local.
El gobierno federal respondió con la llamada Operación Liberación, desplegada el 6 de julio con más de 2.800 agentes y 115 cateos simultáneos. El objetivo es desmontar el andamiaje financiero del grupo criminal. Hasta ahora, el operativo ha derivado en la captura de ocho supuestos coordinadores regionales, pero el entramado de amenazas, coerciones y redes sindicales muestra una estructura mucho más compleja de desarticular.
La estrategia de La Familia Michoacana se fundamenta en un control casi absoluto del mercado regional. Negocios como ferreterías, carnicerías, constructoras, tiendas de abarrotes y empresas de transporte han sido obligados a pagar "cuotas" mensuales o enfrentar represalias directas. El sistema incluye también la imposición de proveedores vinculados al cártel, eliminando la competencia y garantizando precios inflados.
Los sobreprecios son escandalosos: mientras un kilo de varilla cuesta 18 pesos en Toluca, en municipios como Valle de Bravo el mismo insumo se vende a 45 pesos. El mortero tiene un incremento del 20% y el muslo de pollo llega a duplicar su precio. Esta situación no solo encarece la vida cotidiana, sino que impide el desarrollo de cualquier economía formal, estrangulando al sector privado independiente.
El acaparamiento no se limita a productos locales. El grupo criminal ha logrado interceptar la logística de empresas nacionales e internacionales. Camiones de FedEx y Mercado Libre han sido detenidos y sus paquetes retenidos hasta que se pague una cuota para su liberación. Este patrón se replica con animales de granja, granos, cemento y otros bienes que requieren transporte constante.
Según informes internos de seguridad, el objetivo es controlar el flujo de mercancías como método de dominación territorial. Esta modalidad, que combina violencia e inteligencia económica, ha convertido a municipios como Tejupilco, Valle de Bravo, Ixtapan del Oro y Amatepec en núcleos paralelos de gobierno.
Uno de los aspectos más alarmantes es la cooptación de estructuras sindicales. La Familia Michoacana ha infiltrado sindicatos como Libertad y Bradosva, controlando el acceso a materiales de construcción, movimientos de carga y descarga y empleos ligados al transporte. Esta práctica transforma a los gremios en instrumentos de extorsión y vigilancia comunitaria.
Gracias a este dominio, el cártel ha logrado establecer una red de microcontrol social: desde los alimentos que se venden hasta quién puede trabajar en obras o recibir insumos. Esta forma de gobernanza criminal se ha consolidado sin necesidad de presencia armada permanente, reemplazada por el temor y la dependencia estructural.
Como respuesta al operativo federal, se registraron bloqueos simultáneos en al menos diez municipios, organizados por operadores del grupo. El mensaje fue claro: el territorio sigue bajo su tutela simbólica. Vehículos pesados atravesaron caminos, se cerraron rutas clave y se obstruyó la circulación de autoridades. No hubo enfrentamientos directos, pero sí una demostración de poder logístico.
El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que impulsará una reforma para tipificar la extorsión como delito perseguible de oficio, sin requerir denuncia. Esto responde al dato alarmante de que solo el 0,2% de las extorsiones en México son denunciadas, por miedo a represalias o falta de confianza en el sistema judicial.
TEJUPILCO, tierra sin ley.
— Antonio Nieto (@siete_letras) July 22, 2025
Desde hace décadas la vida ahí es controlada por la Familia Michoacana, lo mismo Luvianos, #Edomex.
Pobladores que apoyan al cártel dañaron patrullas y retuvieron así a policías de @SS_Edomex. pic.twitter.com/mnFSPhRjmM
El modelo de La Familia Michoacana en el sur mexiquense trasciende la violencia tradicional. Su estructura combina coacción económica, dominio territorial y control institucional, instalando un sistema alternativo de gobernanza criminal que compite con el Estado. Las extorsiones ya no son una actividad secundaria: se han convertido en el corazón de una economía mafiosa con alto grado de sofisticación.
La eficacia de la Operación Liberación dependerá no solo de los cateos y detenciones, sino de romper la dependencia local a este sistema. Eso implica garantizar seguridad jurídica, economía funcional y alternativas laborales. Sin eso, cualquier operativo quedará en la superficie.