
Culiacán encabeza la lista de ciudades con mayor percepción de inseguridad en México. Según la más reciente Encuesta Nacional de Seguridad Urbana (ENSU) del INEGI, el 90,8 % de sus habitantes declararon sentirse inseguros, un porcentaje sin precedentes que supera incluso a urbes como Ecatepec y Uruapan. La cifra se enmarca en un contexto de recrudecimiento de la violencia en Sinaloa, donde desde septiembre de 2024 se libra una guerra interna dentro del Cártel de Sinaloa.
La percepción ciudadana no es un reflejo aislado. Sinaloa ha vivido una escalada sostenida de homicidios, desapariciones y bloqueos armados desde la detención de Joaquín Guzmán López y la desaparición del histórico líder Ismael 'El Mayo' Zambada. En este clima, la vida cotidiana se ha transformado: clases suspendidas, calles vacías, negocios cerrados y una población atrapada entre la desconfianza y el miedo.
En el primer semestre de 2025, Sinaloa registró 883 homicidios, una cifra casi cuatro veces superior al mismo periodo del año anterior. Culiacán concentró gran parte de estos crímenes, en medio de una lucha intestina entre “Los Chapitos” y los últimos cuadros leales a “El Mayo”. La guerra no solo ha afectado a miembros del crimen organizado, sino también a civiles atrapados en balaceras, retenes ilegales y toques de queda de facto.
A ello se suma el dato de más de 1.500 personas desaparecidas desde septiembre del año pasado, según reportes de organizaciones civiles. Familias enteras han abandonado sus colonias, mientras el miedo se ha apoderado de espacios públicos como parques, paradas de autobús y centros escolares. En este clima, la sensación de impunidad crece, alimentando aún más la percepción de inseguridad.
El gobierno federal ha defendido en los últimos meses una narrativa de mejoría: señala que los homicidios dolosos han bajado a su nivel más bajo desde 2016, y que se han realizado decomisos estratégicos y capturas clave. Sin embargo, las cifras de la ENSU y el testimonio de los ciudadanos dibujan una realidad paralela. La confianza en las instituciones policiales es baja, y el miedo persiste incluso en zonas que solían ser consideradas seguras.
Esta disonancia se agudiza en Culiacán, donde el 72,2 % de las personas dice sentirse insegura incluso al usar cajeros automáticos, el 65 % en el transporte público y el 63,7 % simplemente al caminar por las calles. Los datos marcan una diferencia de casi 10 puntos respecto al mismo indicador del año pasado, lo que sugiere un deterioro rápido y profundo.
El fenómeno no puede entenderse solo desde la estadística criminal. La fragmentación del crimen organizado, la ineficacia judicial y la escasa presencia del Estado en los barrios periféricos explican gran parte del sentimiento generalizado de inseguridad. A ello se suma un trauma social acumulado por décadas de convivencia forzada con grupos armados que ofrecen protección a cambio de silencio.
En Sinaloa, la frontera entre poder criminal y autoridad política se ha desdibujado. Los rumores de pactos no confirmados, la falta de investigaciones efectivas y la violencia dirigida contra periodistas y activistas impiden el desarrollo de una ciudadanía crítica. Esta erosión institucional contribuye a que la percepción de inseguridad se mantenga incluso cuando hay avances estadísticos.
¡Alerta roja en #Culiacán! 🚨
— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) July 25, 2025
En solo un año, Culiacán pasó a ser la ciudad más insegura de #México. Según el @INEGI_INFORMA, ¡9 de cada 10 habitantes la perciben así!
El miedo se disparó tras los enfrentamientos entre "Mayos" y "Chapitos".@AnnaLuOG1 con la información en… pic.twitter.com/NEBcV1E9o4
El caso de Culiacán demuestra cómo la percepción de seguridad puede divergir radicalmente de los discursos oficiales. Mientras el gobierno presume reducciones en homicidios, la población vive con miedo constante. Esta fractura refleja no solo un problema de comunicación institucional, sino una falla estructural en la reconstrucción del tejido social y en la legitimidad de las autoridades.
Si no se abordan las causas profundas del miedo —corrupción, impunidad, desigualdad y desconfianza—, la percepción de inseguridad no se modificará por decreto. Más que cifras alentadoras, la ciudadanía necesita garantías tangibles para volver a caminar sus calles sin temor.