Lula usa la confesión de un plan de magnicidio para afianzar su narrativa política

La política brasileña vuelve a tensarse tras la confesión de Mario Fernandes, general retirado y exfuncionario de confianza durante el mandato de Jair Bolsonaro. Fernandes declaró ante el Supremo Tribunal Federal haber elaborado un documento que detallaba un supuesto plan para eliminar al entonces presidente electo Luiz Inácio Lula da Silva, en 2022. Si bien el hecho es grave, el uso inmediato de esta información por parte del gobierno ha generado reacciones divididas.

La revelación ocurre en un contexto en el que Lula intenta consolidar su base política mediante el señalamiento constante al “odio bolsonarista”. La noticia fue difundida con fuerza por voceros oficialistas, que la califican como evidencia del intento de sabotaje a la democracia. Desde la oposición, sin embargo, se advierte que el Ejecutivo busca convertir un “borrador delirante” en argumento político.

Confesión ante la Justicia y dudas sobre el alcance real

Fernandes señaló que el plan, denominado “Puñal Verde y Amarillo”, fue redactado como “análisis de escenario” y nunca llegó a ejecutarse ni a recibir órdenes concretas. Pese a eso, la Fiscalía asegura que existía un núcleo militar y civil dispuesto a actuar. El documento, según se afirma, incluía posibles ataques a Lula, a Geraldo Alckmin y al juez Alexandre de Moraes.

Los críticos del oficialismo apuntan que la administración Lula ha explotado el hecho para insistir en la narrativa de resistencia institucional, sin ofrecer pruebas concluyentes sobre la ejecución concreta del plan o la voluntad real de llevarlo a cabo.

Delito político o argumento de campaña

El gobierno asegura que el plan se enmarcaba dentro de un intento de golpe de Estado, y ha respaldado la llamada “Operación Contragolpe”, que llevó a la detención de varios oficiales. Pero sectores independientes subrayan que la causa, aunque seria, ha sido comunicacionalmente maximizada para reforzar la idea de que Lula fue víctima de una amenaza sistemática.

La figura del expresidente Bolsonaro vuelve al centro del debate. Aunque se le imputan cargos por intento de golpe, los analistas más prudentes recuerdan que no se ha probado judicialmente su participación directa en el presunto plan magnicida. El caso continúa en etapa preliminar.

Una estructura bajo sospecha pero aún sin condena

El relato del plan involucra encuentros en casas de exministros, seguimiento de la agenda presidencial y supuesta compra de explosivos. Pero no todos los imputados han aceptado los cargos, y el proceso avanza entre filtraciones y disputas mediáticas. El nombre de Walter Braga Netto, exministro de Defensa, aparece entre los investigados.

Mientras tanto, la narrativa del intento de magnicidio ha sido integrada al discurso presidencial, incluso en foros internacionales. La oposición advierte que esto distrae de temas urgentes como la economía, la inseguridad y la polarización social.

Mario Fernandes admite plano para matar Lula e Alexandre de Moraes.

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— Jovem Pan News (@JovemPanNews) July 25, 2025

Más dudas que respuestas

Aunque el testimonio de Fernandes debe tomarse con la seriedad que amerita, el uso político inmediato de la revelación por parte del gobierno plantea interrogantes sobre sus fines reales. La institucionalidad brasileña atraviesa una fase crítica, en la que el peligro de manipular hechos graves con fines comunicacionales es tan serio como los propios hechos denunciados.