Sturzenegger tensiona la institucionalidad con guiños a la Revolución Francesa

La frase de Federico Sturzenegger durante su paso por la Expo Rural no fue casual: “Estoy estudiando qué hizo la Revolución Francesa con el sistema judicial”. Como ministro de Desregulación y Transformación del Estado, sus palabras reabren una agenda sensible: la intención del Gobierno de Javier Milei de avanzar con cambios profundos sobre uno de los tres poderes del Estado.

El revuelo no se hizo esperar. Desde la Asociación de Magistrados, su presidente Andrés Basso recordó que “la división de poderes es esencial en un Estado de Derecho” y advirtió que cualquier intento de reforma debe ajustarse a los mecanismos constitucionales. La declaración del ministro fue interpretada como una amenaza a la independencia judicial y una señal de alerta para la institucionalidad.

En su exposición, Sturzenegger afirmó que “el sistema judicial es el último reducto de la casta”, en línea con la narrativa oficial que busca instalar la idea de una Justicia funcional a intereses corporativos. La mención a la Revolución Francesa, donde operaron tribunales de excepción, tensó aún más el mensaje, al evocar un momento histórico marcado por purgas y disciplinamiento judicial.

Las críticas se replicaron también en el ámbito académico y político. El abogado y dirigente César Biondini sostuvo que el ministro “amenazó al Poder Judicial”, mientras que el constitucionalista Pedro Caminos afirmó que el Gobierno “está a un paso de intentar una democratización forzada del sistema judicial”. El recuerdo del proyecto de reforma impulsado por Cristina Fernández de Kirchner no pasó desapercibido.

El discurso libertario construye desde el desprestigio de las instituciones. Tras atacar al Parlamento, al INADI, al CONICET y a múltiples organismos de control, ahora la mirada apunta a la Justicia. La estrategia parece clara: debilitar los contrapesos del sistema para reforzar el margen de acción del Ejecutivo.

Más allá de las intenciones, lo dicho por Sturzenegger instala un nuevo eje de conflicto. El Poder Judicial, con sus deudas y limitaciones, sigue siendo una pieza central del andamiaje democrático. Cualquier intento de reforma, si no se construye con diálogo y dentro de los marcos constitucionales, corre el riesgo de vulnerar la arquitectura institucional del país.