
por Mikel Viteri
El gobierno de Estados Unidos ha designado oficialmente al Cártel de los Soles como grupo terrorista internacional, alegando que esta red criminal venezolana mantiene vínculos operativos con el Tren de Aragua -la pandilla transnacional más violenta surgida en Venezuela- y con el Cártel de Sinaloa, uno de los principales actores del narcotráfico en México.
La medida, anunciada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), implica la inclusión formal del grupo en la Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN), lo que conlleva congelación de activos, sanciones financieras y restricciones para individuos o entidades que colaboren con la organización.
Esta decisión se produce apenas un día después de que, aparentemente, la Administración Trump renovara las licencias de explotación petrolera a la empresa Chevron, una medida confirmada públicamente por Nicolás Maduro.
El término “Cártel de los Soles” comenzó a usarse en 1993 cuando se investigó a altos mandos de la Guardia Nacional Bolivariana por narcotráfico. El nombre alude a los “soles” que identifican a los generales de esa fuerza. Desde entonces, diversos informes han descrito una transformación del aparato militar venezolano en una estructura criminal con protección estatal, especialmente durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.
El Departamento de Justicia de EE.UU. ha vinculado directamente al presidente Maduro y al número dos del chavismo, Diosdado Cabello, como líderes del cartel. Según la acusación, el grupo opera como un "narcoestado" que facilita el tráfico de drogas a gran escala.
Un informe del think tank InSight Crime señala que, a diferencia de otros países de la región, “en Venezuela, un buen porcentaje del negocio está manejado desde dentro del Estado”. No se trata solo de permitir el paso de cargamentos ilícitos, sino de gestionarlos directamente.
Actualmente, Maduro y Cabello están bajo orden de captura de EE.UU., con recompensas de 25 millones de dólares por información que conduzca a su arresto. El Ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, tiene una recompensa de 15 millones, mientras que otros funcionarios implicados rondan los 10 millones de dólares por cabeza.
Estados Unidos sostiene que el Cártel de los Soles ha sido clave en el traslado de más de 200 toneladas de cocaína al año, mayoritariamente procedente de Colombia y con destino a EE.UU. y Europa. Las rutas incluyen envíos marítimos desde puertos del Caribe, vuelos clandestinos y hasta carga oculta en vuelos comerciales.
Además del narcotráfico, el cartel está implicado en contrabando de combustible, minería ilegal (oro, coltán y diamantes), extorsión, y lavado de activos. Estas operaciones se apoyan en una red de funcionarios públicos, militares, jueces y empresarios afines al régimen.
Las alianzas del cartel abarcan tanto al Tren de Aragua, organización con presencia criminal en al menos nueve países de América, como al Cártel de Sinaloa y grupos disidentes de las FARC-EP y el ELN. Estas redes permiten asegurar rutas, protección armada y distribución transnacional.
La implicación directa de figuras del entorno presidencial ha quedado expuesta en diversos casos judiciales:
- En 2013, la policía francesa decomisó 1,3 toneladas de cocaína ocultas en 30 maletas en un vuelo de Air France procedente de Caracas.
- En 2015, dos sobrinos de la primera dama Cilia Flores fueron arrestados en Haití mientras intentaban introducir 800 kilos de cocaína a EE.UU.; fueron condenados a 18 años de prisión.
- En 2016, el general Néstor Reverol, exjefe de la Oficina Nacional Antidrogas, fue acusado por la Justicia estadounidense de participar en el tráfico de cocaína a gran escala.
- El exvicepresidente Tareck El Aissami ha sido sancionado por sus vínculos con narcotráfico y terrorismo, con activos congelados estimados en más de 500 millones de dólares.
A estos casos se suma el testimonio clave de Hugo “el Pollo” Carvajal, exdirector de Contrainteligencia Militar de Venezuela, extraditado a EE.UU. en 2023. Durante sus declaraciones ante fiscales federales, Carvajal confirmó que el Cártel de los Soles existe como una red criminal organizada desde el más alto nivel del Estado, bajo el liderazgo de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello.
“Durante años, el gobierno utilizó las instituciones del Estado para proteger, financiar y expandir operaciones de narcotráfico. No era corrupción aislada, era política de Estado”, afirmó Carvajal.
El exgeneral también detalló que parte de los beneficios del narcotráfico eran utilizados para financiar campañas políticas, sobornar funcionarios en el exterior e incluso apoyar logísticamente a grupos armados como las FARC, a quienes se les permitía operar en territorio venezolano.
El gobierno de Venezuela ha negado repetidamente la existencia del Cártel de los Soles. El presidente Maduro sostiene que se trata de una “fabricación imperialista” y ha responsabilizado a EE.UU. por el aumento del consumo de drogas en el mundo.
El diputado oficialista Pedro Carreño ha declarado: “Esto es parte de una narrativa para satanizar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. No tenemos cultivos ilícitos en el país”. El gobierno cita un informe de la ONU de 2007 como evidencia, aunque investigaciones más recientes lo contradicen.
El Ministerio de Comunicación e Información de Venezuela no respondió a solicitudes de comentario de diversos medios internacionales.
La designación ha sido celebrada por organizaciones como la Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex), que considera la acción como un paso “decisivo para desmontar la estructura criminal del chavismo”.
Mientras tanto, gobiernos como el de Colombia y Brasil han expresado preocupación por la expansión regional del Tren de Aragua y su vínculo con redes más amplias del crimen organizado. Organismos multilaterales como la OEA han advertido sobre los riesgos de “captura del Estado” en Venezuela y su impacto en la seguridad hemisférica.
Con esta designación, Washington refuerza su narrativa de que el Estado venezolano no solo tolera el crimen organizado, sino que lo lidera desde sus más altas esferas. Se trata de un mensaje contundente con implicaciones diplomáticas, legales y estratégicas.
Además de sanciones económicas, la inclusión en la lista de grupos terroristas abre la puerta a acciones unilaterales más agresivas, incluidas posibles órdenes de captura internacionales, restricciones a países que cooperen con Venezuela y mayor presión en organismos internacionales.
Queda por ver si esta medida tendrá efectos reales sobre el funcionamiento interno del Cártel de los Soles o si, como en otras ocasiones, será absorbida por la opacidad y militarización del aparato estatal venezolano.