
Con el reloj en marcha y el veto en la mano, Javier Milei y su círculo íntimo apelan a una estrategia tan sencilla como cínica: dejar que corran los días. El objetivo es postergar la implementación de las leyes previsionales aprobadas por el Congreso hasta que los tiempos parlamentarios, administrativos y reglamentarios diluyan su impacto fiscal. Todo, mientras se recalienta el escenario electoral de cara a octubre. El Gobierno no niega que vetará el paquete de aumentos jubilatorios, bonos y moratoria, pero prefiere hacerlo cuando el daño político ya no tenga efecto inmediato.
La jugada incluye un calendario quirúrgico: si el veto presidencial llega el 4 de agosto, como máximo, el Congreso deberá tratar el rechazo recién a fines de ese mes. Y entre sesiones, reglamentaciones y la burocracia deliberada de ANSES, la aplicación se correría al último trimestre del año. Así, Luis Caputo y Karina Milei ganan aire en la meta fiscal acordada con el FMI. En otras palabras: Milei aprieta a los jubilados hoy para mostrar superávit en diciembre, aunque haya que pagar el costo político después.
El impacto del paquete, calculado en 13.000 millones de dólares anuales, pone en jaque la promesa de un superávit del 1,8% del PBI. La aplicación entre octubre y diciembre implicaría un gasto de 3.250 millones, cifra que reduce el margen a 1% y obliga a renegociar con el Fondo. Pero el Presidente sabe que no será el primer incumplimiento: las reservas también siguen en rojo y las metas monetarias parecen más lejanas que nunca. La economía resiste a base de recortes, no de crecimiento.
Milei no busca consenso. Ni con la oposición, ni con los gobernadores. Su única obsesión es ganar las legislativas de octubre y reconfigurar el Congreso con mayoría libertaria. Por eso estira los plazos: no se trata solo de ahorro fiscal, sino de especulación electoral. Si logra imponer su relato de “resistencia heroica”, podrá vetar sin costo político lo que hoy votaron incluso sus propios aliados. Y si gana en las urnas, barrerá con el paquete en el Presupuesto 2026, sin siquiera reglamentarlo.
El operativo también tiene su costado simbólico. Las leyes aprobadas son vistas como una revancha parlamentaria del “viejo régimen”. Pero La Libertad Avanza las interpreta como un obstáculo de la casta, no como un mandato democrático. Por eso Karina Milei y los hermanos Caputo impulsan una estrategia de desgaste: demorar, obstaculizar, vetar y, si hace falta, dejar que se sancionen pero sin aplicar. Todo sirve si se evita el golpe en la línea de flotación del modelo de ajuste.
Mientras tanto, los jubilados seguirán esperando y los beneficiarios de moratoria quedarán en el limbo. Pero para Milei, el tiempo no es angustia social sino herramienta de cálculo. Cada día de demora es un dólar que no se gasta. Cada veto pospuesto es una jugada más en la partida que se juega en octubre. Y si gana, el paquete será historia. Y si pierde, el costo lo pagará el nuevo Congreso, no él.
En definitiva, el Presidente juega a estirar el desgaste, no a enfrentarlo. Porque sabe que vetar hoy es perder apoyo. Vetar en septiembre es “honrar el superávit”. Y no reglamentar nunca es lo que realmente quiere. La crisis social no entra en su Excel. Lo que importa es que los números cierren, aunque la gente no llegue a fin de mes.