01/08/2025 - Edición Nº906

Política

Ajuste con pelota

Sturzenegger apunta a la AFA: ¿qué está en juego?

28/07/2025 | La nueva suba en las contribuciones que deben pagar los clubes no es sólo fiscal: es un castigo político a la AFA, que frenó las SAD y mantiene autonomía. La estrategia de Sturzenegger busca disciplinar con retórica “anticasta” lo que en realidad es una pelea por poder e ingresos.



El Gobierno volvió a meterle presión al fútbol y al titular de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, al subir drásticamente las cargas sociales que deben pagar los clubes: del régimen especial heredado del 2001 se pasará ahora a una alícuota del 13,06% más un extra de 5,56% por un año. La medida no es nueva, pero sí el tono: Federico Sturzenegger usó su cuenta de X para lanzar una cruzada moral contra “millonarios subsidiados por jubilados”, en una narrativa que mezcla ajuste, revancha política y marketing ideológico.

La avanzada no se explica sólo desde la lupa contable. Si el sistema estaba desfinanciado, la pregunta es por qué recién ahora el Gobierno aplica este cambio. La respuesta está en la guerra que Milei declaró a Tapia desde que la AFA bloqueó la instalación de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD). Con este nuevo golpe, el Ejecutivo busca forzar a los clubes a negociar bajo presión. Lo que se presenta como equidad tributaria es, en realidad, un modo de disciplinar a un actor con poder real y capilaridad territorial.

Sturzenegger sostiene que el régimen especial vigente desde el gobierno de Duhalde permitió eludir aportes genuinos al sistema previsional. Y pone cifras: clubes como River y Vélez pagaban entre 12.000 y 27.000 dólares anuales por cientos de empleados, pese a declarar ganancias por decenas de millones. Pero lo que el ministro no menciona es que la propia estructura del fútbol argentino depende de una lógica mutualista que no encaja en la lógica empresarial. Y que, por eso mismo, se resiste a las SAD.

La medida llega luego de que la AFA lograra frenar judicialmente un intento anterior del Gobierno. Fue el juez Enrique Alonso Regueira, del contencioso administrativo, quien dictó una cautelar contra el regreso al régimen general. Ahora, el Ejecutivo retoma la iniciativa con una disposición administrativa: más difícil de apelar, pero también más conflictiva. En paralelo, en los pasillos del fútbol temen represalias mayores: inspecciones de AFIP, presión sobre sponsors o trabas en habilitaciones.

El Gobierno no sólo busca recaudar. Necesita enemigos. En plena caída de imagen, sin una victoria económica tangible, Milei refuerza su relato atacando “privilegios”. El fútbol, con sus clubes centenarios, sus dirigentes opacos y su cercanía con la política, es una presa ideal. La narrativa de “la casta” se alimenta de contrastes fáciles: millonarios versus jubilados, canchas versus hospitales. Pero lo que no dice el Gobierno es que esos mismos clubes cumplen roles sociales que el Estado abandonó.

Mientras tanto, Tapia se atrinchera. Su negativa a habilitar las SAD lo convirtió en blanco fijo. Pero su margen también es estrecho: sin apoyo político, sin consenso entre los clubes y con la presión judicial sobre la mesa. En esa tensión, el Gobierno apuesta a una victoria simbólica: hacer del fútbol un ejemplo de “liberalización forzada”. Pero a riesgo de dispararse en los pies: enfrentarse con el único espectáculo que todavía entusiasma a millones puede ser, también, una torpeza populista.