El Gobierno flexibiliza uso civil de armas de alto calibre

El Gobierno nacional avanzó con una reforma significativa en la regulación de armas de fuego, permitiendo el acceso de civiles a armamento de mayor calibre y modificando los controles sobre la tenencia en fuerzas de seguridad.

A través de dos decretos publicados recientemente en el Boletín Oficial, se introdujeron cambios al régimen de autorización y registro vigente.

El primero, el decreto 397/2025, establece que ciudadanos particulares podrán solicitar autorización especial para adquirir armas semiautomáticas con cargadores removibles, carabinas y subametralladoras derivadas de modelos de uso militar.

Hasta ahora, este tipo de armamento estaba reservado exclusivamente a las Fuerzas Armadas según la normativa del decreto 64/1995. A partir de la nueva disposición, la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) será responsable de evaluar las solicitudes y ejercer el control sobre este armamento, que también podrá destinarse a actividades deportivas bajo supervisión.

De forma paralela, se lanzó la "Tenencia Digital Express", una modalidad que permite realizar los trámites de tenencia de forma online, con un plazo estimado de resolución de 72 horas, según anunció el titular del organismo, Juan Pablo Allan. La iniciativa fue bien recibida por sectores vinculados a la industria de armas.

Por otro lado, el decreto 409/2025 introduce modificaciones a la Ley de Armas y Explosivos N.º 20.429, reduciendo los controles sobre la adquisición de armamento por parte de personal de las Fuerzas Armadas, de seguridad, servicios penitenciarios y policías provinciales.

El texto elimina la exigencia de renovación anual del permiso para portar armas de guerra, delegando la evaluación de aptitud física y psicológica en las autoridades de cada fuerza.

El Poder Ejecutivo justificó ambas medidas en la necesidad de “desregular y simplificar” los procedimientos administrativos relacionados con el registro y uso de armas de fuego. Según el texto oficial, la intención es “eliminar obstáculos innecesarios” y “fortalecer la responsabilidad institucional en el control interno”.

Las medidas fueron cuestionadas por organizaciones civiles y expertos en control de armas, que advierten sobre los posibles efectos en la seguridad pública.

Desde el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y la Red Argentina para el Desarme alertaron que los cambios pueden incrementar el riesgo de violencia armada, facilitar el acceso del crimen organizado a armas de alto poder, y debilitar el rol preventivo del Estado en el control del armamento.

También expresaron preocupación por la derogación parcial de funciones clave de la ANMAC, a través del decreto 445/2025, lo que representa, según señalaron, un retroceso hacia un modelo de control meramente registral, similar al del antiguo RENAR.

Desde el Gobierno, sin embargo, se sostiene que los cambios apuntan a una política de desburocratización y respeto a las libertades individuales, y que los mecanismos de control seguirán vigentes, aunque bajo un nuevo enfoque.

FS