Sagasti acusa a Cornejo y redobla la presión sobre la Justicia local

La disputa entre Anabel Fernández Sagasti y Alfredo Cornejo sumó un nuevo capítulo luego de que la fiscalía federal decidiera que la denuncia por presuntos delitos en un convenio vial debe ser investigada en Mendoza. Lejos de retroceder, la senadora cargó con dureza contra el gobernador, al que calificó directamente como “delincuente”, y cuestionó el papel de los tribunales provinciales en el expediente.

El núcleo de la denuncia es el acuerdo firmado entre la Provincia y Vialidad Nacional, que transfirió al gobierno de Cornejo la responsabilidad sobre rutas nacionales. Según Sagasti, esto constituye una triple carga para los mendocinos, que terminan pagando obras que debería cubrir la Nación. Los cargos presentados incluyeron malversación de fondos, incumplimiento de deberes y abuso de autoridad.

Sin embargo, la fiscal federal Patricia Santoni dictaminó que no hay implicancia de funcionarios nacionales y por eso la causa fue enviada a la Justicia provincial, donde interviene la Unidad Fiscal de Delitos Económicos. Sagasti no perdió tiempo en denunciar lo que considera una maniobra de blindaje político-judicial: “La Justicia lo protege”, escribió en sus redes.

La senadora aprovechó también para señalar una contradicción dentro del propio oficialismo mendocino. Citó declaraciones recientes de la ministra Mercedes Rus, que había criticado la lentitud judicial en causas de violencia de género, para ironizar con que “la Justicia es demasiado rápida para exculpar delincuentes”. Para Sagasti, el traslado del expediente a Mendoza no es una señal de inocencia sino de control político.

El foco ahora estará puesto en el desempeño del procurador Dalmiro Garay, exministro de Gobierno de Cornejo, a quien la senadora acusa de tener el sistema judicial bajo su influencia. “No se hagan los rulos… La Justicia Federal no dijo que no hay delito, solo dijo que lo resuelva su exministro”, lanzó.

La pulseada tiene resonancias más allá de la provincia. En un contexto de realineamientos políticos de cara a 2025, Mendoza vuelve a exhibir una tensión estructural entre el PJ local y el radicalismo, cruzada por denuncias penales, reclamos de transparencia y acusaciones de cooptación institucional.