La polémica por las candidaturas testimoniales se renueva y la Justicia marca los límites

El cierre de listas en la provincia de Buenos Aires para las elecciones legislativas volvió a encender el debate sobre las candidaturas testimoniales, una práctica habitual en la política argentina que, si bien es legal, sigue generando cuestionamientos sobre su legitimidad y sentido democrático.

La controversia no solo se centró en la demora del peronismo para definir sus postulantes, sino también en la presencia de dirigentes en funciones que fueron incluidos en las boletas sin aclarar si asumirán efectivamente los cargos legislativos en caso de ser electos.

Funcionarios en campaña, pero sin certezas sobre su futuro

Entre los nombres más resonantes de la lista de Fuerza Patria se encuentra la vicegobernadora Verónica Magario, quien encabeza la nómina de candidatos por la Tercera Sección. También figuran varios intendentes: Mario Ishii (José C. Paz) y Diego Nanni (Exaltación de la Cruz), quienes aún no confirmaron si dejarán sus funciones actuales para asumir una banca legislativa. La excepción la marcó la jefa comunal de Quilmes, Mayra Mendoza, quien aseguró que, si es electa, dejará su cargo para asumir como diputada.

Desde La Libertad Avanza, el fenómeno se repite: el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, y su par de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, también fueron inscriptos como candidatos sin que hasta ahora hayan ratificado públicamente su disposición a dejar sus intendencias.

Una estrategia habitual, sin marco legal que la regule

Las candidaturas testimoniales no son nuevas: constituyen una herramienta que distintos espacios políticos han utilizado para capitalizar el arrastre de dirigentes populares y garantizar votos. Se postulan para cargos legislativos sabiendo, o dando a entender, que no asumirán, ya que el puesto que actualmente ocupan tiene mayor jerarquía o influencia.

Pese a la controversia que despiertan, no existe una norma que prohíba esta maniobra, por lo que su legalidad no está en discusión. Sí lo está su legitimidad política.

Sin sanciones ni obligación de asumir

Actualmente, no hay ninguna ley que obligue a un candidato electo a asumir su banca. Tampoco existen penas específicas para aquellos que decidan continuar en su cargo original, o que cambien de bloque una vez asumido, o incluso que incumplan su plataforma electoral.

Desde la Cámara Nacional Electoral (CNE) también marcaron límites: señalaron que el Poder Judicial no puede actuar sobre meras conjeturas o hipótesis, aun cuando existan sospechas fundadas.