
La condena contra Álvaro Uribe Vélez por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal ha desatado una tormenta política y judicial en Colombia. Para millones de ciudadanos y para figuras clave del Centro Democrático, el fallo no representa justicia sino una forma de revancha ideológica impulsada desde sectores vinculados al petrismo.
El caso ha estado marcado por una fuerte polarización nacional. Lo que algunos celebran como un triunfo institucional, otros lo perciben como un capítulo más de la estrategia para desprestigiar y anular políticamente a uno de los líderes más influyentes de la historia reciente del país.
El caso, originado hace más de una década por declaraciones de un exparamilitar en condiciones dudosas, fue tomando cuerpo a través de decisiones judiciales que, según juristas y expertos en derecho penal, presentan serias inconsistencias. La jueza Sandra Heredia basó su fallo en testimonios cruzados y reinterpretaciones sesgadas, sin que existan pruebas materiales directas que vinculen al expresidente con una orden de soborno.
Además, durante el proceso se documentaron filtraciones selectivas a medios, cambios abruptos de testigos y un entorno mediático que influyó en la narrativa dominante. Para los defensores de Uribe, este escenario configura un ambiente viciado, donde el principio de presunción de inocencia quedó gravemente comprometido.
La defensa de Uribe, encabezada por el abogado Jaime Granados, cuestionó el uso de interceptaciones sin cadena de custodia clara y la validación de testimonios que habían sido descartados por contradicciones en otras instancias. El fallo, según Granados, omitió valorar pruebas exculpatorias que desmentían el supuesto plan de soborno.
A esto se sumó la descalificación explícita de varios testigos de la defensa, cuyas declaraciones fueron tildadas por la jueza de "descabelladas". Para el equipo legal, esa desestimación fue arbitraria y demuestra un sesgo que afectó la imparcialidad del tribunal.
La figura del expresidente, dos veces elegido democráticamente y con un historial de lucha contra el narcoterrorismo, vuelve a ser objeto de un proceso judicial en el que muchos ven una campaña de lawfare. Según esta interpretación, el juicio fue diseñado para debilitar su influencia y desarticular a la oposición de derecha de cara a las elecciones de 2026.
Las acusaciones se producen en un contexto donde el gobierno de Gustavo Petro enfrenta fuertes cuestionamientos de gestión, y donde la caída de popularidad del petrismo coincide con una necesidad política de distraer y polarizar. Uribe, convertido en símbolo de resistencia conservadora, resulta un blanco ideal.
El Centro Democrático manifestó que el proceso está viciado por presiones mediáticas, filtraciones y una narrativa dominante que pretende convertir a Uribe en el único responsable de todos los males del país. Dirigentes del partido han denunciado que el fallo sienta un peligroso precedente para la democracia.
Desde su finca en Rionegro, Uribe recibió la decisión con tranquilidad, pero con firmeza en su inocencia. Ya ha confirmado que recurrirá el fallo y que llevará el caso hasta las últimas instancias nacionales e internacionales, denunciando lo que considera una persecución política disfrazada de justicia.
El veredicto, que podría derivar en una condena de hasta 12 años de prisión domiciliaria, ha sido recibido con escepticismo por parte de sectores jurídicos que ven con preocupación la politización del sistema judicial colombiano. La jueza no solo condenó a Uribe, sino que utilizó un tono que, para muchos, se aleja de la sobriedad técnica.
Una justicia que busca redimirse ante la opinión pública a través de condenas simbólicas, puede terminar erosionando su propia legitimidad. En su afán de parecer implacable, corre el riesgo de volverse parcial.
La triste realidad de Colombia 🇨🇴 es la siguiente:
— Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) July 28, 2025
Quienes hicieron parte de grupos terroristas, hoy están en la Presidencia y en el Congreso.
Álvaro Uribe quien los combatió, hoy ha sido condenado.
Mi solidaridad con él y con su familia. pic.twitter.com/Qq9H5PCGYB
¿Es Uribe culpable o es víctima de una maquinaria política que no le perdona su protagonismo histórico? Esa es la pregunta que divide hoy a Colombia. Lo cierto es que, lejos de desaparecer, su figura sigue siendo central en el debate nacional.
Por ahora, sus simpatizantes están más movilizados que nunca y dispuestos a librar una nueva batalla, esta vez en los estrados y en las urnas. La historia tendrá la última palabra.