
En los últimos veinte años, el islam ha dejado de ser una presencia periférica en Occidente para convertirse en un actor institucional con fuerte infraestructura religiosa, educativa y cultural. Detrás de esa expansión existe una arquitectura financiera compleja, con flujos que provienen de fuentes tanto públicas como privadas, extranjeras y domésticas. Este fenómeno se ha intensificado en Europa y América del Norte, generando inquietudes en materia de seguridad, soberanía y cohesión democrática.
La Unión Europea ha financiado con más de 80 millones de euros a ONGs vinculadas a la Hermandad Musulmana, algunas vetadas en sus países de origen, como Qatar o Egipto. Estos recursos se justifican como parte de políticas de integración y multiculturalismo, pero en la práctica han servido para fortalecer estructuras ideológicas que promueven una visión teocrática del orden social y que ejercen presión sobre comunidades musulmanas moderadas.
Diversos informes de think tanks como el Middle East Forum, ISPI o el Hudson Institute documentan cómo el islam político se financia a través de al menos tres vías simultáneas:
Subvenciones estatales europeas, dirigidas a asociaciones registradas como ONGs de ayuda humanitaria, cultural o educativa.
Capital proveniente de gobiernos del Golfo —notablemente Qatar, Arabia Saudita y Turquía— canalizado hacia mezquitas, centros de estudios islámicos, escuelas coránicas o entidades de lobby comunitario.
Donaciones privadas provenientes de fundaciones, redes de beneficencia islámica (zakat), y remesas con fines religiosos o de activismo.
Estos fondos, lejos de limitarse a lo religioso, permiten establecer plataformas mediáticas, instituciones paralelas de arbitraje islámico y centros de formación para imames que no siempre respetan los principios constitucionales del país receptor.
El Reino Unido ofrece uno de los casos más paradigmáticos. A través del Al‑Rayan Bank, un banco islámico vinculado a Qatar, se han financiado decenas de entidades islámicas con sede en Inglaterra, algunas con vínculos directos a la Hermandad Musulmana y simpatías con Hamás. Entre los beneficiarios se encuentran organizaciones como Interpal, Muslim Aid y Islamic Relief Worldwide, esta última señalada por países como Emiratos Árabes Unidos y Alemania como de alto riesgo por presuntas conexiones con islamismo radical.
A pesar de estos antecedentes, estas entidades han recibido millones de libras en subvenciones públicas del gobierno británico y de la Unión Europea, bajo la premisa de cooperación interreligiosa y programas de asistencia social. En paralelo, Qatar ha financiado mezquitas como la de Finsbury Park —antiguamente dirigida por Abu Hamza al-Masri— y centros culturales donde se han difundido discursos contrarios a los valores británicos.
En América, la situación tiene matices distintos. En Estados Unidos, entidades como CAIR (Council on American-Islamic Relations) y ISNA (Islamic Society of North America) han sido denunciadas por sus presuntos vínculos con los Hermanos Musulmanes, aunque reciben regularmente fondos federales y estatales para proyectos comunitarios.
Además, fundaciones con presencia en EE. UU. han servido como nodos de redistribución de fondos hacia organizaciones palestinas o islamistas en Medio Oriente, lo cual ha generado investigaciones del Congreso y del Departamento del Tesoro. En Canadá, el gobierno federal ha financiado entidades islámicas que luego se descubrió tenían discursos homófobos, antisemitas o contrarios a los derechos civiles.
🧕 Una entidad islámica que pide el hiyab en los colegios españoles ha recibido ya 1,7 millones en subvenciones
— El Debate (@eldebate_com) February 19, 2025
Pretende colar las tradiciones musulmanas en los centros escolares españoles
https://t.co/bX0F0x6n7g
Uno de los principales problemas que alimenta esta red de financiamiento es la falta de auditoría rigurosa sobre las actividades y conexiones reales de las entidades beneficiarias. El temor a ser acusado de “islamofobia” ha paralizado durante años los mecanismos de control, y muchos gobiernos europeos prefieren evitar el conflicto antes que asumir una revisión crítica del modelo multicultural vigente.
Esto ha permitido que el islam político gane espacios institucionales en barrios vulnerables, controle discursos identitarios y presione a las propias autoridades bajo el discurso de victimización religiosa, una estrategia eficaz que ha debilitado la voz de los musulmanes reformistas o laicos.
🇬🇧 #Urgente | Las autoridades del Reino Unido convencen a los ciudadanos para que elijan la religión correcta y crean en Alá.
— ʜᴇʀQʟᴇs (@herqles_es) March 2, 2025
Se están colocando vallas publicitarias por todo el país. pic.twitter.com/JbMCT4t3Uq
Promover la libertad religiosa no debe confundirse con financiar estructuras ideológicas antidemocráticas que, bajo el ropaje de la integración, promueven valores incompatibles con los principios liberales de Occidente.
El caso del Reino Unido demuestra cómo la permisividad institucional, sumada a los intereses geopolíticos de actores externos como Qatar, puede transformar el paisaje cultural y normativo de una sociedad democrática. En nombre de la tolerancia, se corre el riesgo de importar intolerancia.
Un enfoque serio exige auditoría, transparencia y regulación internacional, sin excepciones religiosas ni complicidades políticas.