
Una comunidad zapoteca enclavada en la Sierra Norte de Oaxaca derrotó al Estado mexicano en los tribunales gracias a una herramienta inesperada: un documento fechado en 1599, escrito en tiempos de la colonia, que acredita su propiedad comunal sobre las tierras que habitan. El caso se convirtió en un hito legal al demostrar que los títulos primordiales, documentos indígenas elaborados hace siglos, conservan plena validez para hacer valer derechos colectivos.
La comunidad de Capulálpam de Méndez presentó el antiguo manuscrito para frenar concesiones mineras otorgadas por el gobierno federal sin consulta previa. El documento, conservado por generaciones y validado por peritos, se convirtió en la pieza clave de un litigio que concluyó con la anulación de las concesiones extractivas y el reconocimiento de los derechos territoriales del pueblo zapoteca.
Los llamados títulos primordiales son documentos híbridos —mezcla de mapas, narrativas fundacionales y registros genealógicos— creados por comunidades indígenas desde el siglo XVI para documentar su existencia y posesión territorial ante tribunales coloniales. En muchos casos, fueron escritos en náhuatl o en castellano antiguo, y sus formatos varían entre lienzos, códices o manuscritos.
Lejos de ser una reliquia, estos documentos aún son utilizados como pruebas legales. En el caso de Capulálpam, el texto fue acompañado por testimonios y análisis históricos que demostraron su autenticidad y su valor como instrumento jurídico. Su presentación forzó al tribunal a reconocer que el Estado mexicano había violado derechos colectivos protegidos por tratados internacionales.
La comunidad impugnó las concesiones mineras otorgadas a empresas privadas sin haber sido consultada, en contravención del Convenio 169 de la OIT, que exige consulta libre, previa e informada para proyectos que afecten a pueblos indígenas. El tribunal falló a favor de Capulálpam, estableciendo que el procedimiento fue ilegal y que el título de 1599 daba prueba suficiente de propiedad ancestral.
Este fallo sentó un precedente importante: los documentos coloniales pueden prevalecer sobre registros modernos cuando se trata de derechos originarios. La comunidad, además, había documentado prácticas comunales vigentes, como el tequio y la asamblea, que fortalecieron su argumento de continuidad territorial.
El caso de Capulálpam no es aislado. En distintas regiones del país, comunidades como Santa Cruz Atizapán o Santo Domingo Zanatepec también han invocado documentos históricos para defender sus territorios. Estos litigios reflejan una tendencia creciente: la recuperación de memoria legal indígena como herramienta para frenar megaproyectos extractivos.
Expertos del INAH y antropólogos jurídicos han validado estos usos, señalando que la combinación de tradición escrita indígena y principios legales modernos refuerza la autonomía territorial. Muchos de estos textos están siendo resguardados y digitalizados por los propios pueblos para evitar su pérdida o destrucción.
Más allá del resultado judicial, el triunfo de Capulálpam es también una afirmación simbólica. Reivindica el conocimiento jurídico indígena frente al derecho positivista estatal, y reafirma que las comunidades no son sujetos pasivos sino actores legales plenos. Su victoria refuerza la idea de que el Estado debe adecuarse a las normas comunitarias cuando estas están respaldadas por historia y práctica viva.
En palabras de uno de los comuneros involucrados: “El papel no es lo único que importa, sino lo que seguimos haciendo aquí cada día”. Con esta sentencia, Capulálpam no solo recuperó el control de sus tierras, sino que reinstaló su relato en el centro del debate jurídico mexicano.
🎉🙌 El municipio de Capulálpam de Méndez se prepara para su Guelaguetza Serrana 2025. pic.twitter.com/sfnMyIdhNq
— CORTV Noticias (@CORTVNoticias) July 25, 2025
El caso Capulálpam marca un punto de inflexión en el uso del derecho indígena como estrategia efectiva contra políticas extractivas. La posibilidad de que documentos de más de 400 años sean reconocidos en tribunales modernos sugiere una grieta en el modelo jurídico dominante: uno que no siempre contempla la memoria larga de los pueblos originarios.
A medida que el Estado mexicano impulsa reformas constitucionales sobre derechos indígenas y soberanía territorial, este tipo de fallos se vuelve clave. La justicia no vino solo por los tribunales, sino por la persistencia histórica de una comunidad que supo guardar su pasado como arma de futuro.