La jueza Preska ordenó entregar los chats y correos de Luis Caputo y Sergio Massa

En un nuevo giro dentro del millonario juicio por la estatización de YPF, la jueza federal de Nueva York, Loretta Preska, ordenó al Estado argentino que entregue correos electrónicos y mensajes de WhatsApp pertenecientes al ministro de Economía Luis Caputo y su antecesor, Sergio Massa, en el marco de la causa impulsada por el fondo Burford Capital.

La decisión se enmarca en el proceso de descubrimiento de pruebas, luego del fallo que en septiembre de 2023 responsabilizó al Estado nacional por no haber realizado una oferta pública de adquisición (OPA) al momento de la expropiación de la petrolera en 2012. El fondo Burford, que compró los derechos litigiosos de la firma Petersen Energía, reclama una compensación que podría superar los 16.000 millones de dólares.

La orden de Preska incluye la entrega de todos los mensajes y correos electrónicos relevantes que puedan demostrar conocimiento, participación o decisiones relacionadas con la política energética y económica vinculada a YPF durante y después del proceso de estatización.

En ese marco, se solicitó específicamente el acceso a las comunicaciones privadas y oficiales de Luis Caputo, actual ministro de Economía, y Sergio Massa, excandidato presidencial y extitular del Palacio de Hacienda.

¿Por qué Caputo y Massa?

Ambos exministros estuvieron al frente del Ministerio de Economía en momentos clave: Massa durante los últimos meses del gobierno de Alberto Fernández -etapa en la que el juicio avanzó sustancialmente-, y Caputo como funcionario actual, en medio de las apelaciones promovidas por la administración de Javier Milei.

La inclusión de Caputo podría estar relacionada con la estrategia de defensa actual del Estado argentino y las posibles negociaciones o evaluaciones sobre cómo cumplir o apelar el fallo. En el caso de Massa, se apunta a su rol como último firmante de decisiones económicas con impacto directo en la causa.

Un caso de alto voltaje político y financiero

La causa iniciada por Burford Capital ha escalado en tensión no solo por el monto reclamado, sino por la posible afectación de activos estratégicos del Estado argentino en el extranjero. Desde el fallo de Preska, Argentina ha intentado frenar el impacto mediante apelaciones ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York.

La solicitud de chats y correos electrónicos no solo supone una presión adicional sobre el gobierno nacional, sino que podría dar lugar a revelaciones incómodas si se accede a comunicaciones reservadas que comprometan la estrategia jurídica o expongan irregularidades en torno a la expropiación.

La jueza también advirtió que, de no cumplir con el requerimiento en tiempo y forma, Argentina podría enfrentar nuevas sanciones procesales.