
En medio de un conflicto que encendió las alarmas en el corazón energético del país, el Gobierno nacional intervino para frenar una posible paralización de la actividad en Vaca Muerta. A través del Ministerio de Capital Humano, la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social dictó la conciliación obligatoria frente a las medidas de fuerza anunciadas por el Sindicato de Petroleros Privados en Río Negro, Neuquén y La Pampa.
La resolución, que comenzó a regir desde las 9 de la mañana del 30 de julio, impone una tregua de 15 días durante los cuales el gremio deberá levantar cualquier tipo de acción directa y garantizar el normal funcionamiento de los servicios.
“El objetivo es promover una solución pacífica y garantizar la continuidad del servicio”, explicó el comunicado oficial, aunque en los pasillos del Ejecutivo admiten que lo que está en juego es mucho más: evitar un freno a la producción energética en un momento clave.
“La decisión busca preservar la paz social y garantizar la continuidad de la producción en una actividad estratégica para el país, como es la explotación de petróleo y gas no convencional en Vaca Muerta”, remarcaron desde la cartera que encabeza el Ministerio de Capital Humano.
La apuesta del Gobierno es clara: ganar tiempo y forzar un acuerdo entre las partes para evitar un nuevo frente de conflicto que pueda golpear tanto al abastecimiento interno como a las metas macroeconómicas. La energía, en este contexto, no solo es una necesidad, sino una variable política de peso.