Retención del 18,62%: el nuevo frente fiscal que enfrenta el fútbol argentino

El lunes la Secretaría de Seguridad Social dictó la Disposición 16/2025, que eleva del 7,5% al 18,62% la alícuota de retención sobre los ingresos del fútbol profesional argentino destinados al sistema de seguridad social. La medida, que entra en vigencia el 1º de agosto, abarca derechos de TV, sponsors, entradas, transferencias y otros ingresos que constituyen las principales fuentes de financiamiento de los clubes. El trasfondo técnico: el origen, la escalera de aumentos y el déficit del sistema.

Este régimen tiene su origen en el Decreto 1212/2003, dictado en pleno colapso económico post 2001. En ese contexto, el Estado y la AFA acordaron un sistema especial de retención automática para cancelar aportes previsionales, dado que fiscalizar a cada club por separado resultaba impracticable. En lugar de exigir a cada institución el pago individualizado, se estableció que la AFA actuara como agente de retención, descontando un porcentaje fijo de los ingresos de los clubes y depositándolo directamente en AFIP (ahora ARCA).

Desde entonces, la alícuota fue aumentando progresivamente: comenzó en 2% en 2003, subió al 6,5% en 2005, pasó al 6,75% en 2019 y alcanzó el 7,5% en octubre de 2023 mediante el Decreto 510/23. Este último decreto mantuvo la lógica de retención centralizada. 

La nueva disposición encendió las alarmas en el predio de la AFA.

Además, amplió la base imponible —incluyendo pagos hacia la AFA, agentes y terceros— y habilitó al Poder Ejecutivo, mediante su artículo 8, a modificar la alícuota si los ingresos no alcanzaban a cubrir las obligaciones previsionales. Según datos oficiales, durante los primeros meses de 2025 el sistema solo logró cubrir el 57% de sus compromisos, dejando un rojo de 7.000 millones de pesos. La respuesta fue usar el artículo 8 e instaurar la Disposición 16/2025: se sube la alícuota base al 13,06% y se agrega un 5,56% adicional durante un año.

El impacto es contundente: una transferencia internacional por 5 millones de dólares sufrirá una detracción de más de 900.000 dólares. Esos fondos, si bien computan como cancelación de aportes, reducen de forma significativa el ingreso operativo de los clubes.

Incluso más allá del impacto económico, hay interrogantes jurídicos no menores. La aplicación del régimen a sujetos no afiliados al sistema argentino —como agentes o clubes del exterior— genera dudas de legalidad. Y también se discute si es válido que un salto del 7,5% al 18,62% pueda establecerse por disposición administrativa, sin una ley formal que lo respalde con claridad.

Del análisis jurídico al político: la puja entre el Gobierno y la AFA

La AFA respondió con dureza. En un comunicado titulado “La mentira está a la orden del día. La única verdad es la realidad”, acusó al Gobierno de buscar asfixiar financieramente a los clubes para forzar la transformación de las asociaciones civiles en Sociedades Anónimas Deportivas (SAD). Desde el Gobierno, en cambio, aseguran que el actual modelo de gestión de los clubes no logra cumplir ni siquiera con los aportes básicos del personal, y que no se puede seguir sosteniendo una estructura “romántica” a costa de evadir obligaciones fiscales.

El episodio vuelve a poner sobre la mesa un debate de fondo: cómo debe financiarse la seguridad social del fútbol argentino, qué equilibrio debe trazarse entre la autonomía deportiva y la responsabilidad fiscal, y cuáles son las herramientas institucionales más adecuadas para garantizar un funcionamiento formal, competitivo y sostenible 

Más allá del cruce mediático, lo que está en juego es un modelo de organización del fútbol argentino. En medio de esta pulseada de alto voltaje político y económico, quedan los clubes y sus socios.

La relación entre Tapia y AFA en su punto más álgido.

¿Y ahora qué? El fútbol en una encrucijada estructural

En definitiva, se trata de algo más que una disputa coyuntural. Es la oportunidad —y también la obligación— de revisar el modo en que se sostiene el fútbol argentino sin improvisaciones ni especulaciones. Las decisiones que se tomen no pueden surgir de pulsos de poder, sino de un diálogo técnico, transparente y realista. 

Es necesario garantizar el financiamiento de la seguridad social, sí, pero sin asfixiar la capacidad de funcionamiento de los clubes, que cumplen funciones sociales, culturales y deportivas fundamentales en cada comunidad. El desafío no es elegir entre romanticismo y eficiencia, sino encontrar un equilibrio inteligente entre identidad institucional, responsabilidad fiscal y viabilidad económica.

En ese camino, el Estado y la AFA deben asumir su rol con madurez y sin atajos. Porque en el medio están los socios, los trabajadores, los hinchas, los chicos y chicas que encuentran en su club una segunda casa. Los hinchas no podemos seguir pagando el precio de las tensiones políticas o de la falta de planificación. 

El fútbol argentino tiene mucho para dar. Pero necesitamos reglas claras, consensos básicos y un modelo que lo cuide de verdad.
 

(*) Matías Caric Petrovic es Abogado especializado en Derecho Deportivo, gestor deportivo y profesor universitario en Gestión Deportiva y Derecho Deportivo.