Zangi y el Tren de Aragua: la app que alarma a toda Latinoamérica

La expansión del uso de Zangi, una aplicación de mensajería instantánea de origen armenio, ha encendido un debate global sobre los límites del cifrado digital. Mientras fue diseñada para proteger a periodistas, activistas, fuerzas de seguridad y ciudadanos bajo regímenes opresivos, hoy también es utilizada por organizaciones criminales, como el Tren de Aragua en América Latina y bandas narco en Rosario, Argentina.

Zangi opera con un modelo descentralizado: no requiere número de teléfono, no almacena chats en servidores, y aplica cifrado militar de extremo a extremo. Esta arquitectura, que ofrece un refugio para la libertad de expresión y la defensa personal en contextos de riesgo, también permite operar fuera del alcance de las autoridades judiciales.

Una herramienta que nació para proteger

Lanzada con la promesa de garantizar una comunicación privada sin rastros, Zangi se promovió como una alternativa a WhatsApp o Signal, particularmente útil para quienes viven en entornos vigilados. Su adopción por periodistas, diplomáticos y cuerpos de emergencia fue respaldada por ONGs y expertos en seguridad digital.

Los desarrolladores insisten en que su intención nunca fue favorecer el crimen. "Creamos Zangi como una respuesta ética a la vigilancia masiva", sostienen desde la empresa. Y remarcan que a diferencia de redes sociales, Zangi no recolecta datos, no monetiza la información ni emplea cookies o rastreadores invisibles.

El lado oscuro de la privacidad total

Sin embargo, la misma robustez criptográfica que protege a usuarios legítimos, es ahora explotada por bandas narcocriminales que buscan invisibilidad operativa. Investigaciones en Rosario han detectado que grupos como el Tren de Aragua y facciones locales utilizan la app para coordinar delitos, sin dejar huellas digitales accesibles.

Esta realidad plantea una pregunta incómoda: ¿cómo equilibrar el derecho a la privacidad con la necesidad de seguridad colectiva?. Para las fuerzas de seguridad, el anonimato radical dificulta las tareas de inteligencia e intercepción, reduciendo el margen de acción legal.

¿Regulación o censura?

Expertos en ciberseguridad sostienen que prohibir tecnologías de cifrado extremo sería contraproducente, tanto por razones técnicas como éticas. "El problema no es el cifrado, sino cómo se lo regula y educa en su uso", afirman. Algunos proponen enfoques intermedios, como sistemas de alertas o llaves de acceso en casos judiciales extremos, aunque otros denuncian que eso debilitaría la seguridad global.

En un escenario global donde la vigilancia se expande y las libertades digitales se erosionan, Zangi aparece como un símbolo del dilema contemporáneo: una tecnología poderosa, construida con fines legítimos, pero sin control sobre sus usuarios.

#EE | Su captura se dio el 1 de julio de 2024 en zona rural de Circasia (Quindío).https://t.co/9aOvpuCzjC👈🔗 pic.twitter.com/L8x9Rz34iA

— El Espectador (@elespectador) July 31, 2025

Herramienta criminal 

El caso Zangi revela que la frontera entre seguridad y privacidad es cada vez más difusa. Penalizar la existencia de plataformas encriptadas puede vulnerar derechos fundamentales, pero ignorar su uso por el crimen organizado también implica riesgos. Lo que está en juego no es sólo una app, sino la arquitectura ética de la tecnología digital en tiempos de polarización, miedo y control.

Mientras tanto, gobiernos, empresas y ciudadanos enfrentan un desafío urgente: preservar la privacidad sin convertirla en impunidad.