Daniel Noboa y la deportación masiva que enoja a Colombia

El gobierno de Daniel Noboa ha ejecutado en días recientes una deportación masiva de presos colombianos desde cárceles ecuatorianas, sin coordinación previa con Bogotá. La operación comenzó el 25 de julio con el traslado de 603 personas privadas de libertad a través del puente fronterizo de Rumichaca, en una decisión que ha sido defendida por Quito como parte de su lucha contra el hacinamiento carcelario y la inseguridad interna.

La iniciativa se ampara en la nueva Ley de Integridad Pública, una norma aprobada con amplio respaldo oficialista, que permite la expulsión de extranjeros detenidos, incluso sin sentencia firme. Noboa ha argumentado que el Estado no puede seguir financiando atención médica ni recursos penitenciarios para personas extranjeras, replicando un discurso similar al de Donald Trump en materia migratoria.

Una medida con respaldo mayoritario

Desde el Ejecutivo ecuatoriano, se sostiene que los deportados fueron previamente condenados por delitos como robo, narcotráfico y asociación ilícita, y que la medida se ejecutó con base en resoluciones individuales de la Cancillería. El ministro del Interior, John Reimberg, confirmó además que los expulsados tendrán prohibido regresar al país durante 40 años.

El gobierno ha enfatizado que la decisión no fue improvisada, sino que forma parte de una estrategia legalmente sustentada que busca recuperar el control de las prisiones y priorizar los recursos estatales para ciudadanos ecuatorianos. A pesar de las críticas, encuestas internas muestran que una mayoría de la población respalda la medida como necesaria y justa.

Colombia califica el hecho como "inamistoso"

La Cancillería colombiana denunció la falta de canales diplomáticos adecuados para una acción de este tipo, y acusó al Gobierno ecuatoriano de violar el principio de trato digno a los ciudadanos repatriados. En un comunicado oficial, Bogotá afirmó que la deportación fue “inamistosa” y carente de protocolos binacionales básicos, como el aviso anticipado o la posibilidad de verificación consular.

Por su parte, el presidente Gustavo Petro subió el tono al calificar la maniobra de “fascista”, apuntando que la política de Noboa busca convertir a los extranjeros en chivos expiatorios para ocultar la creciente violencia que enfrenta Ecuador. En los primeros seis meses de 2025, el país ha superado los 5.000 homicidios, con cifras récord en varias provincias costeras.

Inspiración trumpista y contexto interno

El paralelismo con Donald Trump no es solo discursivo. Al igual que el expresidente estadounidense, Noboa ha adoptado una narrativa de “limpieza nacional”, vinculando el crimen a la migración y proponiendo medidas de deportación inmediata sin esperar sentencias judiciales completas. Esto ha sido respaldado por sectores conservadores ecuatorianos que ven con buenos ojos una mano dura ante el crimen.

Para sus partidarios, la estrategia representa un cambio necesario frente a la impunidad, y proyecta la imagen de un presidente que actúa con determinación frente a un problema complejo. Analistas oficialistas sostienen que la política no solo es popular, sino que también alivia el sistema penitenciario nacional sin ceder en soberanía legal.

Mientras Correa abría la frontera y dejaba que narcos extranjeros operen a sus anchas, Noboa deporta a 700 presos colombianos con sentencia.
No más hotel gratis para criminales.
¡Así se recupera el control del país! 💪🇪🇨 pic.twitter.com/xAwG4dj3p7

— ElTioRobolucion (@ElTioRobolucion) July 26, 2025

Contra el crimen 

La decisión de Daniel Noboa responde tanto a una lógica de eficiencia interna como a una estrategia política de alto impacto simbólico. En un país golpeado por la violencia criminal y con elecciones en el horizonte, la deportación masiva de presos extranjeros funciona como un mensaje claro de autoridad, aunque con altos costos diplomáticos.

Las consecuencias a largo plazo aún están por verse. La fractura en la relación Ecuador-Colombia podría entorpecer otros canales de cooperación clave, incluyendo el combate al narcotráfico transfronterizo y los acuerdos de inteligencia regional.