Gustavo Petro y Nicolás Maduro anuncian plan fronterizo: ¿qué implica?

El acuerdo para una zona económica binacional firmado entre Gustavo Petro y Nicolás Maduro a principios de julio de 2025 fue presentado como un hito para el desarrollo fronterizo. La iniciativa abarca el Norte de Santander y La Guajira (Colombia), junto a Táchira y Zulia (Venezuela), territorios marcados por el contrabando, la pobreza y la violencia armada. Según los gobiernos, el plan busca incentivar el comercio y la paz en una región históricamente abandonada.

Sin embargo, habitantes, empresarios y analistas locales han denunciado que el pacto se concretó sin consulta previa. Las decisiones se tomaron en Caracas y Bogotá, con anuncios pomposos pero escasa participación de quienes conocen de primera mano las complejidades de la frontera. Las promesas de integración, dicen, carecen de mecanismos reales de inclusión social y vigilancia ciudadana.

Críticas al modelo unilateral

Expertos como Mario Zambrano, de la Fundación Paz y Reconciliación, advierten que el acuerdo binacional reproduce lógicas centralistas y verticales, lo que reduce sus posibilidades de éxito. "No basta con firmar documentos si no se involucra a las autoridades locales, comunidades y organizaciones sociales en la toma de decisiones", señala.

La ausencia de mecanismos de participación es más grave en contextos donde el Estado ha sido históricamente ausente o cooptado por actores armados ilegales. El riesgo de que capitales privados, incluidos fondos de procedencia dudosa, se adueñen del proyecto sin controles efectivos es elevado, especialmente en el lado venezolano.

Interés comercial y riesgos colaterales

En lo que va del año, las exportaciones colombianas a Venezuela han crecido un 25,3 %, alcanzando los 430,9 millones de dólares. Esto indica un repunte del intercambio tras años de ruptura diplomática. No obstante, analistas alertan que un auge económico sin garantías sociales o ambientales podría agravar la conflictividad.

También preocupa la posibilidad de que potencias externas como China, Rusia o India intervengan en la región a través de inversiones sin regulación, lo que podría reforzar la dependencia tecnológica y económica, además de introducir lógicas autoritarias.

Zona de paz o zona gris

Aunque el acuerdo se ha promovido como una "zona de paz", un sector de la opinión pública teme que esto encubra una estrategia política para consolidar el poder de Petro y Maduro en regiones limítrofes. La presencia de grupos armados como el Frente 33 en Tibú, y los planes de crear una Zona de Ubicación Temporal (ZUT), despiertan sospechas sobre un posible nexo entre paz, economía e impunidad.

El presidente Petro ha asegurado que no habrá soldados de uno u otro país cruzando la frontera, ni cesión de soberanía. El documento firmado, además, no tiene carácter vinculante y expira en 2030, lo que lo convierte más en una declaración de intenciones que en una política de Estado consolidada.

#30Jul Venezuela reabrió frontera con Colombia tras cierre por elecciones municipales #NucleoNoticias https://t.co/97qT03TPOJ

— Núcleo Noticias (@NucleoNoticias) July 30, 2025

Alianzas y faltas 

El proyecto binacional entre Colombia y Venezuela revela una apuesta por la integración comercial en un territorio estratégico y fracturado. Pero el método elegido ignora a los actores fundamentales, debilitando la legitimidad del proceso. La falta de consulta, la opacidad de los acuerdos y la presencia de actores armados son factores que erosionan la promesa de desarrollo.

Más que un problema de intenciones, el acuerdo enfrenta un desafío estructural: avanzar sin repetir los errores del pasado, donde la región fue escenario de promesas incumplidas, proyectos extractivos y olvido estatal. La participación comunitaria, la transparencia y el respeto a los derechos humanos deberían ser ejes centrales si se aspira a un cambio real.