
Mientras José Mayans intenta reabrir la discusión por la Corte Suprema, en el Gobierno dejaron claro que cualquier intento de negociación está supeditado a una condición básica: completar antes las dos vacantes que hoy vacían el máximo tribunal. La jugada es doble. Por un lado, evitar que el kirchnerismo se quede con el control de una eventual ampliación. Por otro, marcar que el equilibrio institucional debe comenzar por normalizar lo que ya existe.
El pedido del jefe de senadores de Unión por la Patria no fue menor: planteó una Corte de nueve miembros, con mayoría de mujeres, y una distribución paritaria entre el oficialismo y el peronismo. En otras palabras, tres jueces para Cristina Kirchner, tres para Javier Milei y el resto a negociar. La Rosada lo leyó como una maniobra para condicionar la designación de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, los dos nombres que el Gobierno propuso sin éxito hace meses.
La respuesta fue tajante. En Balcarce 50 sostienen que abrir un debate sobre la cantidad de miembros sería una distracción peligrosa sin antes cubrir los cargos vacantes. Hoy, la Corte funciona con apenas tres jueces: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Para designar nuevos ministros se necesitan dos tercios del Senado, una cifra que ni el oficialismo ni la oposición están cerca de reunir por sí solos. De ahí el intento de ambos sectores de imponer condiciones al otro.
Pero hay otro factor clave: la debilidad interna del PJ, que desde la condena a Cristina Fernández de Kirchner vive una parálisis estratégica. “Todos hablan por ella, pero nadie decide nada”, reconocen en la Casa Rosada, que ya vivió el naufragio de una negociación previa por los mismos nombres. Hoy, los contactos con el peronismo están a cargo de operadores como Juan Manuel Olmos y Juan Martín Mena, aunque los avances son mínimos y dependen más de la nueva configuración del Senado que de lo que se discuta en comisiones.
En el Ejecutivo saben que el próximo Congreso puede modificar el mapa. Incluso si el libertarismo no logra mayoría propia, una bancada más robusta podría facilitar pactos puntuales. Por eso, la estrategia de Santiago Caputo y del viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, es no apurar los tiempos y mantener el terreno preparado para después de octubre.
También está en juego el control de la Procuración General, hoy en manos interinas de Eduardo Casal. El Gobierno quiere nombrar un nuevo procurador, y Amerio aparece como uno de los nombres en danza. Pero ese tablero también requiere los dos tercios del Senado y, por ahora, sigue congelado.
Mientras tanto, en el Congreso avanzan tímidamente algunos proyectos de ampliación de la Corte, aunque sin apoyo explícito del Ejecutivo. Son señales más que movimientos. Lo central es lo que no se dice en público: hasta que no se llenen las sillas vacías, el resto es humo.