
Miles de simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro se manifestaron el 3 de agosto en diversas ciudades de Brasil, entre ellas São Paulo y Río de Janeiro, en rechazo al gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva y a las decisiones del Supremo Tribunal Federal (STF). Las movilizaciones exigieron amnistía para los acusados de participar en el intento de golpe del 8 de enero de 2023 y criticaron duramente al juez Alexandre de Moraes, principal impulsor del juicio contra Bolsonaro.
Durante las marchas se exhibieron banderas de Estados Unidos, camisetas de la selección brasileña y pancartas con la palabra "Magnitsky", en referencia a las sanciones impuestas por el gobierno de Donald Trump contra jueces brasileños, incluido Moraes. Los manifestantes denunciaron una "dictadura judicial" y reivindicaron a Bolsonaro como víctima de una persecución política.
En marzo de 2025, el STF resolvió por unanimidad que Bolsonaro debe ser juzgado por conspiración para derrocar al gobierno democráticamente electo. La fiscalía lo acusa de intentar evitar la asunción de Lula mediante arrestos ilegales y la promoción de disturbios. Actualmente, el exmandatario está bajo arresto domiciliario, porta un brazalete electrónico y tiene prohibido comunicarse con aliados clave, como su hijo Eduardo Bolsonaro, radicado en EE.UU.
Según documentos judiciales, Bolsonaro habría coordinado acciones con exfuncionarios, militares retirados y operadores mediáticos para desestabilizar la transición presidencial. Las autoridades también le atribuyen intentos de incidir en gobiernos extranjeros para evitar sanciones locales.
El conflicto escaló internacionalmente cuando Estados Unidos impuso sanciones unilaterales contra Alexandre de Moraes utilizando la Ley Magnitsky, que permite castigar a funcionarios extranjeros acusados de violaciones a los derechos humanos. Como respuesta, Brasil denunció una "interferencia inadmisible" y defendió la independencia de su poder judicial.
El propio Moraes afirmó que continuará "cumpliendo su deber constitucional" a pesar de las presiones extranjeras. Por su parte, el presidente Lula respaldó la labor del STF y calificó de "antidemocráticas" las manifestaciones que promueven la impunidad para quienes intentaron derribar el orden institucional.
Las protestas se producen en un contexto de polarización persistente, donde el bolsonarismo mantiene una base movilizada que desafía abiertamente al sistema judicial. Aunque no se registraron incidentes graves, el tono de las marchas revela un intento de reactivar la narrativa del "perseguido político" de cara al calendario electoral de 2026.
Analistas señalan que el caso de Bolsonaro pone a prueba los límites entre justicia y política en Brasil. La próxima audiencia clave del proceso está prevista para septiembre, donde se definirá si se formaliza la elevación a juicio oral.
Histórico lo que está ocurriendo esta tarde en Brasil. Hasta las playas de Copacabana en Rio de Janeiro están colapsadas de gente pidiendo la renuncia de Lula da Silva.
— Agustín Antonetti (@agusantonetti) August 3, 2025
Ya se reportan masivas protestas en MÁS DE 60 GRANDES CIUDADES.pic.twitter.com/m1qOoetaxB
Brasil enfrenta un momento delicado donde la defensa del Estado de derecho y la vigencia del orden constitucional chocan con sectores que reclaman clemencia y denuncian persecución. El STF se posiciona como garante de la legalidad, mientras el bolsonarismo ensaya una contraofensiva con apoyo internacional.
El desenlace de esta disputa tendrá implicancias profundas sobre la salud institucional del país y su reputación internacional. La pregunta central es si se consolidará la justicia o si prevalecerá una narrativa de impunidad construida desde las calles.