Milei vetó aumentos a jubilados, moratoria previsional y emergencia en discapacidad

El presidente Javier Milei oficializó este lunes el veto total a tres iniciativas votadas por el Congreso, todas vinculadas a políticas sociales: el aumento a las jubilaciones, la prórroga de la moratoria previsional y la declaración de emergencia en discapacidad. La medida fue publicada en el Boletín Oficial a través del Decreto 534/2025, con fuertes cuestionamientos al costo fiscal que implicarían las normas y críticas al procedimiento legislativo.

El Poder Ejecutivo argumentó que los proyectos eran “fiscalmente irresponsables” y violaban la Ley de Administración Financiera al no detallar fuentes de financiamiento sostenibles. Según los cálculos oficiales, su implementación habría significado un gasto adicional de más de 7 billones de pesos en 2025 y 17 billones en 2026, comprometiendo el cumplimiento de las metas fiscales.

“El equilibrio fiscal es innegociable”, sostiene el texto, que también advierte que el impacto proyectado equivaldría al 1% del PBI este año y al 1,68% el próximo, poniendo en riesgo el programa económico del Gobierno.

Pero el rechazo no fue solo económico. El Ejecutivo también apuntó contra el trámite parlamentario y denunció “graves nulidades” en la sesión del Senado del 10 de julio. Según el decreto, la convocatoria fue irregular y los proyectos se trataron con una mayoría simple cuando, por reglamento, se requerían dos tercios. Una interpretación que el oficialismo calificó de “ilegítima”.

Qué proponían las leyes

• Jubilaciones: Establecía un incremento de emergencia del 7,2%, la creación de un bono mensual de $110.000 (ajustable) y transferencias para cajas previsionales provinciales no armonizadas con la ANSES.
• Moratoria previsional: Reinstauraba por dos años el régimen que permite acceder a la jubilación sin contar con 30 años de aportes y ampliaba los criterios para obtener la PUAM.
• Discapacidad: Declaraba la emergencia nacional hasta 2026, creaba una nueva pensión no contributiva, e incorporaba un refuerzo económico para prestadores del sistema.

La última palabra ahora vuelve al Congreso. Para que estas leyes puedan ser sancionadas pese al veto presidencial, la oposición tendrá la difícil tarea de reunir dos tercios de los votos en ambas cámaras, lo que se denomina una mayoría calificada.