
El escándalo por espionaje político vuelve a sacudir la agenda: Carlos Bianco, ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, confirmó que analizan una denuncia penal contra la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) por tareas de seguimiento sobre opositores, gremios y agrupaciones sociales.
La advertencia surge tras la publicación de una investigación del periodista Hugo Alconada Mon, que reveló informes de inteligencia sobre Axel Kicillof, Máximo Kirchner, Sergio Massa, y también sobre referentes de Juntos por el Cambio como Facundo Manes y Néstor Grindetti.
Para Bianco, la situación representa “una violación flagrante” al artículo 4 de la Ley Nacional de Inteligencia, que prohíbe expresamente que los servicios realicen tareas represivas o almacenen datos por razones ideológicas o partidarias.
El contexto es explosivo: las denuncias llegan justo cuando el oficialismo enfrenta una ola de críticas por vetar el aumento a jubilados y rechazar la emergencia en discapacidad, mientras se multiplican las señales de malestar social y se agitan internas en La Libertad Avanza.
En paralelo, el funcionario bonaerense volvió a reclamar por una deuda de 12,1 billones de pesos del Gobierno nacional con la provincia, y anunció un nuevo pedido ante la Corte Suprema por los fondos previsionales, que representarían 1,6 billones.
“Vamos a exigir que se convoque a audiencia, como ocurrió con Córdoba y Santa Fe”, adelantó Bianco, mientras crece la tensión institucional y se mezcla con una campaña electoral cargada de operaciones, veto, ajuste… y espionaje.