
La situación fiscal de Colombia se ha transformado en el principal dolor de cabeza del gobierno de Gustavo Petro. Pese a avances en indicadores como inflación y empleo, el país enfrenta un deterioro acelerado de sus cuentas públicas, con un déficit que se proyecta en torno al 7,6 % del PIB para finales de 2025 y una deuda pública que ya representa más del 61 % del producto interno bruto.
El desencadenante de este panorama fue la activación de la cláusula de escape de la regla fiscal, que permitió al Ejecutivo suspender los límites legales del gasto público. Esta decisión, aunque respaldada por la norma vigente, ha generado desconfianza tanto en los mercados como en los organismos calificadores de riesgo.
El crecimiento del gasto estatal ha sido vertiginoso. El gasto de funcionamiento aumentó un 14 % en el último año, impulsado por contrataciones, prestaciones de servicios y transferencias sociales. A esto se suma el impacto persistente del subsidio a los combustibles -especialmente el diésel-, que en 2024 generó un agujero fiscal de más de 10 billones de pesos.
El resultado inmediato ha sido un aumento del costo de financiamiento. Los bonos del Tesoro colombiano (TES) se están colocando con tasas un 40 % superiores a las de hace dos años, lo que encarece el servicio de la deuda. Actualmente, más de un tercio de los ingresos fiscales se destinan únicamente al pago de intereses.
La respuesta de las agencias internacionales ha sido tajante. S&P rebajó la calificación a BB, en tanto que Moody’s colocó a Colombia en el último escalón del grado de inversión (Baa3) con panorama estable. Fitch, por su parte, mantuvo la calificación pero cambió la perspectiva a negativa.
Estas evaluaciones se sustentan en la falta de un plan creíble de estabilización fiscal, el debilitamiento de la institucionalidad y el deterioro progresivo de la confianza en la política económica del país. Los analistas advierten que sin un ajuste estructural, la situación puede tornarse insostenible en el mediano plazo.
El Ministerio de Hacienda presentó una nueva reforma tributaria orientada a recaudar 19 billones de pesos. La propuesta incluye gravámenes a grandes patrimonios, modificaciones al IVA y medidas contra la evasión. Sin embargo, la viabilidad política de esta reforma está en duda, y su implementación efectiva no está garantizada.
Mientras tanto, el presupuesto proyectado para 2026 presenta un desfase de 26 billones de pesos, que debe cubrirse con ingresos extraordinarios o más deuda. El margen de maniobra del Gobierno es mínimo, y la confianza en el cumplimiento de sus compromisos fiscales ha caído tanto dentro como fuera del país.
Paradójicamente, el Gobierno ha conseguido algunos avances que en otras circunstancias serían celebrados. La inflación bajó del 13,8 % en 2022 al 4,8 % en junio de 2025, y el desempleo se redujo al 8,6 %, su nivel más bajo desde 2017. El consumo interno y el dinamismo agroexportador sostienen un crecimiento del PIB en torno al 2,7 % anual.
A pesar de ello, estos logros no alcanzan a contrarrestar la percepción de desorden fiscal. Las señales contradictorias en materia de gasto y tributación, sumadas a los cambios constantes en el equipo económico -incluida la salida del ministro Diego Guevara-, han mermado la capacidad del Ejecutivo para estabilizar el rumbo.
Colombia terminaría 2025 con una deuda pública de 61,3% del PIB, más alta que durante la pandemia, y solo comparable al nivel de la guerra de los mil días - de acuerdo con estimativos históricos. pic.twitter.com/e4jhRtYbEj
— Jose Ignacio Lopez (@JoseILopez) June 16, 2025
El desajuste fiscal de Colombia no es únicamente un fenómeno contable, sino una manifestación de la falta de alineación entre las metas políticas y la realidad económica. La expansión del gasto social y administrativo no ha estado acompañada de una estrategia de financiamiento sólida, lo que ha debilitado la credibilidad institucional.
En el cierre de su mandato, Gustavo Petro enfrenta el dilema de priorizar la sostenibilidad macroeconómica o sostener su modelo de redistribución progresiva sin respaldo presupuestal. En ambos escenarios, el costo político será alto, y el próximo gobierno heredará una economía más vulnerable y expuesta.