Álvaro Uribe condenado: el giro que podría cambiar la política colombiana

En Colombia, ningún nombre genera tantas pasiones cruzadas como el de Álvaro Uribe Vélez, expresidente y figura predominante de las últimas dos décadas. Su ascenso desde cargos técnicos hasta la cúspide del poder ha estado marcado por una mezcla de carisma, eficacia política y un ineludible vínculo con episodios oscuros que aún hoy resuenan en la sociedad colombiana.

El reciente fallo judicial que lo condena a doce años de prisión domiciliaria por soborno y fraude procesal ha reabierto el debate sobre su papel en la historia del país. Para sus seguidores, sigue siendo el líder que “salvó” a Colombia del caos; para sus detractores, es el símbolo máximo de una política fusionada con lo ilegal y lo ilegítimo.

Poder desde lo marginal

Uribe no emergió desde las élites capitalinas, sino desde Antioquia, como director de Aeronáutica Civil en los años ochenta. Desde ese cargo, se le vincula a la expedición de matrículas aéreas utilizadas por narcotraficantes, aunque nunca se le halló responsable penal. Aún así, su gestión dejó rastros de ambigüedad que serían recurrentes en su trayectoria.

Como gobernador de Antioquia (1995–1997), impulsó la creación de las Cooperativas Convivir, que rápidamente derivaron en brazos paramilitares. Estas organizaciones, bajo la excusa de seguridad rural, se consolidaron como estructuras de represión y control territorial, a menudo en connivencia con el crimen organizado.

Presidencia entre gloria y sangre

La llegada de Uribe a la presidencia en 2002 coincidió con el colapso de las negociaciones de paz del gobierno Pastrana con las FARC. Su propuesta de Seguridad Democrática, combinada con apoyo financiero de EE.UU., obtuvo logros visibles en la reducción de secuestros y presencia guerrillera.

Sin embargo, la estrategia también trajo consigo la tragedia de los falsos positivos: civiles ejecutados y presentados como guerrilleros abatidos. La Jurisdicción Especial para la Paz ha documentado al menos 6.402 casos entre 2002 y 2008, con una sistematicidad que pone en duda el desconocimiento por parte de la cúpula gubernamental.

Condición judicial sin precedentes

La sentencia dictada el 29 de julio de 2025 representa un parteaguas en la justicia colombiana. Uribe se convirtió en el primer expresidente condenado penalmente, al ser hallado culpable de manipulación de testigos y soborno, en un caso que involucra directamente su intento de silenciar a exparamilitares.

La jueza Sandra Heredia fundamentó el fallo en pruebas documentales, interceptaciones y contradicciones en las versiones del acusado. Aunque sus abogados apelarán la decisión, el impacto político ya es irreversible: Uribe estará inhabilitado por ocho años, afectando el liderazgo del Centro Democrático en un año preelectoral.

Legado en crisis

Mientras los sectores uribistas denuncian un lawfare político, apoyados por figuras como Marco Rubio en EE.UU., sectores progresistas consideran el fallo como el fin de una era de impunidad. La división en torno a su figura no ha hecho más que ampliarse con la judicialización de su legado.

Uribe busca reposicionarse con llamados a movilización, pero los indicadores políticos no le son favorables. El Centro Democrático atraviesa una crisis interna de liderazgo, sin una figura capaz de asumir con fuerza el proyecto que antes giraba exclusivamente en torno al expresidente.

Un gran líder

La circunstancial caída jurídica de Álvaro Uribe no significa el fin inmediato de su influencia política, pero sí marca un desgaste irreversible en su capacidad de convocatoria y legitimidad ante amplios sectores sociales. El juicio ha permitido ventilar públicamente tensiones estructurales que antes se trataban como temas de seguridad nacional, blindados del escrutinio judicial.

En los próximos meses, la figura de Uribe será aún más evaluada no por sus discursos sino por los efectos duraderos de sus políticas. El país está ante la oportunidad de revisar, con más claridad, hasta qué punto se puede separar el orden del autoritarismo cuando la seguridad se impone como fin supremo.