
En una decisión políticamente audaz, Claudia Sheinbaum ha designado a Pablo Gómez como presidente ejecutivo de la nueva Comisión Presidencial para la Reforma Electoral. El extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera, figura de larga trayectoria en la izquierda mexicana, será el encargado de conducir el diseño y la negociación de una reforma electoral de gran calado.
La medida busca revivir la propuesta de reforma impulsada por Andrés Manuel López Obrador durante su sexenio, bloqueada entonces por la falta de mayoría constitucional. Ahora, con mayor control en ambas cámaras, Sheinbaum apuesta por un nuevo impulso, pero esta vez con el respaldo de consultas ciudadanas y negociación con aliados legislativos clave.
El nombramiento de Gómez no es casual ni menor. Sheinbaum defendió su elección como una garantía de conocimiento técnico e integridad política. "Querían al responsable del fraude de 2006, nosotros nombramos a un demócrata de verdad", declaró la mandataria, en una referencia velada a Carlos Ugalde. La estrategia oficialista apunta a evitar la percepción de imposición, optando por una figura respetada y con experiencia parlamentaria.
La comisión tendrá un trabajo dividido en dos etapas: primero, un diagnóstico del sistema electoral y partidista; segundo, la redacción de propuestas legislativas que prioricen la eficiencia institucional, la austeridad y la participación popular. Se prevé, además, la creación de una plataforma de encuestas y foros ciudadanos para recabar opiniones sobre los posibles cambios.
Aunque aún no se han presentado iniciativas formales, el proyecto retoma varias ideas del fallido "Plan B" de AMLO. Entre ellas se encuentran: la eliminación de legisladores plurinominales, la reducción del financiamiento público a los partidos y la transformación del INE en un Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), cuyos consejeros serían electos por voto popular.
Estas propuestas enfrentan resistencias incluso dentro de la coalición gobernante. El Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde (PVEM) han manifestado reservas, especialmente frente a la pérdida de espacios plurinominales que benefician a partidos minoritarios. Convencer a estos aliados será una tarea clave de la comisión.
Para evitar el estigma de una reforma unilateral, el gobierno lanzará una campaña de consultas ciudadanas a nivel nacional. Se prevé el despliegue de encuestas y foros abiertos en los 32 estados del país. Esta consulta no será vinculante, pero servirá como herramienta de presión política y como base de legitimación frente a la opinión pública.
Gómez, conocido por su estilo directo y convicciones firmes, ya ha iniciado contactos con las fracciones parlamentarias. El objetivo es claro: lograr una mayoría calificada sin depender de la oposición más dura, pero sin cerrar la puerta a acuerdos pragmáticos con el PRI o MC.
La comisión no será un esfuerzo solitario. Sheinbaum ha rodeado a Gómez de un grupo de alto perfil: Rosa Icela Rodríguez (Secretaría de Gobernación), Ernestina Godoy (Consejería Jurídica), José Antonio Peña Merino (Agencia Digital), Jesús Ramírez Cuevas y Arturo Zaldívar, entre otros. Todos forman parte del círculo más cercano a la presidenta.
Esta conformación garantiza alineación política, pero también puede reducir los canales de retroalimentación crítica. El reto estará en evitar una reforma cerrada al disenso, algo que podría minar su legitimidad de cara al proceso electoral de 2027.
En la #4T se sale con torta bajo el brazo.
— Dossier22 (@ProyectoDossier) August 4, 2025
Pablo Gómez, simpatizante del comunismo y leal a AMLO, fue designado por Sheinbaum para encabezar la reforma electoral que perfila desaparecer el actual sistema de elección de diputados y senadores plurinominales. pic.twitter.com/LFPiwV6nSX
La apuesta de Sheinbaum por Pablo Gómez como arquitecto de la reforma electoral marca un punto de inflexión en su gobierno. Conjugando experiencia, lealtad y discurso ciudadano, la presidenta busca una reforma que la diferencie de su antecesor sin renunciar a los objetivos estructurales del obradorismo. El éxito de esta jugada depende de su capacidad de construir acuerdos y mantener el respaldo popular.
Si la comisión logra integrar distintas voces sin sacrificar coherencia, podrá concretar una reforma duradera. Pero si se percibe como una imposición disfrazada de participación, corre el riesgo de volverse un nuevo punto de polarización nacional.