El caso Diarra y la demanda contra FIFA que podría cambiar el fútbol para siempre

La dirigencia del fútbol internacional atraviesa uno de los momentos más conflictivos. En medio de la disputa entre FIFPro, el sindicato internacional de jugadores que conduce el argentino Sergio Marchi, y la FIFA bajo el liderazgo de Gianni Infantino, una fundación amenaza con iniciar una demanda colectiva contra la máxima entidad del fútbol.

Desde “Justicia para Jugadores”, que tiene base en Holanda, piden una indemnización de miles de millones de euros para más de 100.000 jugadores. Reclaman que desde el año 2002, las regulaciones de la FIFA restringieron y afectaron la movilidad de los jugadores entre los clubes y su capacidad para negociar y generar ingresos, con foco en la reglamentación de las transferencias.

Se trata de una disputa clara por el reparto del negocio en la industria del fútbol a nivel mundial, entre los principales stakeholders como los jugadores, los representantes y los clubes. El año pasado, se alcanzó un récord histórico de 78.742 transferencias de jugadores internacionales, según el Informe Global de Transferencias 2024 de la FIFA.

En total, se gastaron USD 8.590 millones en transferencias internacionales en el fútbol profesional masculino, la segunda cantidad más alta de la historia. De esa cifra y de acuerdo al 15% que le corresponde de la operación, los jugadores embolsaron más de 1.200 millones de dólares. Para la fundación holandesa, podrían haber ganado más si no fuera por la normativa actual.

La clave de la demanda colectiva contra la FIFA: el fallo Diarra

Para entender la razón y la dimensión del reclamo, hay que recordar a Lassana Diarra, un exjugador del Real Madrid, Arsenal y Chelsea, que firmó un contrato de cuatro años con el Lokomotiv de Moscú en 2013. Por un conflicto salarial, el jugador interrumpió su contrato de forma unilateral y recibió una multa de 10,5 millones de euros, que debía pagar también solidariamente el club que lo fichara.

Ante esa situación, los abogados del francés impugnaron el Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores (RSTJ) ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). ¿Qué argumentaban? Que esa normativa de la FIFA restringía ilegalmente la "libre circulación de trabajadores" dentro de la Unión Europea.

En octubre de 2024, el Tribunal falló que algunas normas de la FIFA en materia de transferencia de jugadores son contrarias al derecho europeo y que obstaculizan la libre circulación y restringen la competencia entre los clubes sin parecer indispensables o necesarias. El argumento y la importancia de ese fallo, que puede cambiar al fútbol para siempre, es muy similar a la demanda de Jean-Marc Bosman. Esa histórica resolución eliminó las restricciones a los futbolistas extranjeros de la UE dentro de las ligas nacionales y permitió a los jugadores del bloque europeo irse a otro club de forma gratuita cuando sus contratos terminaban. Así nacieron los “jugadores libres”.

Ahora, en base al fallo Diarra del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, aparece esta fundación “Justicia para Jugadores” que según sus cálculos, las reglas de la FIFA le hicieron perder aproximadamente un 8% de ingresos a los futbolistas a lo largo de sus carreras. La demanda colectiva apunta también a las asociaciones nacionales que son responsables de hacer cumplir las regulaciones.

Según trascendió, es una estrategia para garantizar la rendición de cuentas y un pago financiero, ya que si una parte no puede pagar, las otras tendrán que responder. El caso es dirigido por el estudio de abogados holandés Finch Dispute Resolution y contaría con Jean-Louis Dupont como asesor, el abogado que también intervino en el histórico caso Bosman. Un verdadero remake del derecho deportivo.

Más allá del reclamo económico, la importancia del conflicto judicial está en que podría obligar a la FIFA a cambiar nuevamente el RSTJ, afectar la forma en que se hacen los contratos y fundamentalmente le daría un mayor poder a los jugadores del que tienen actualmente, en detrimento de los clubes. Las instituciones que invierten millones de dólares en su formación, podrían quedar totalmente debilitadas ante la rescisión unilateral de un jugador.