Guayaquil: cementerio bajo control de mafias y extorsión

Lo que debería ser un derecho garantizado por el Estado ecuatoriano se ha convertido en una nueva forma de extorsión. El cementerio municipal Ángel María Canals, en Guayaquil, ha sido tomado por mafias locales que cobran hasta 350 dólares a las familias por sepultar a sus seres queridos, pese a que se trata de un servicio público y, en teoría, gratuito. Esta situación pone en evidencia el grado de deterioro institucional en una de las ciudades más violentas del país.

Los testimonios recopilados reflejan un patrón: empleados del cementerio o intermediarios asociados a bandas criminales exigen pagos en efectivo a cambio de asegurar un túmelo para los difuntos. Familias en duelo se ven obligadas a negociar bajo presión, muchas veces sin saber si sus parientes tendrán un lugar digno para descansar. La tarifa no responde a criterios formales, sino a una evaluación subjetiva basada en la percepción del pago posible.

Extorsión normalizada

En algunos casos, el precio varía según preguntas tan arbitrarias como si el difunto tenía tatuajes o antecedentes delictivos. La sospecha sobre el pasado del fallecido determina el monto a pagar, como si se tratara de una penitencia post mortem. Las familias han denunciado que los encargados de coordinar los entierros actúan como representantes de las bandas, legitimando una red de cobros ilegales en espacios controlados por el municipio.

El valor real de un túmelo sencillo ronda los 100 dólares, pero las mafias lo elevan hasta 350. Esta práctica ha sido posible gracias a la ausencia de supervisión municipal y la impunidad con la que operan estos grupos. A la fecha, el gobierno local no ha ofrecido una respuesta oficial, lo que genera mayor desesperación entre las familias.

Una ciudad bajo asedio

Guayaquil no es ajena a la violencia criminal, pero el hecho de que incluso la muerte esté sujeta a extorsión marca un nuevo nivel de deterioro social. El control territorial que ejercen las bandas criminales ha llegado a instituciones básicas como cementerios, hospitales y escuelas. Este avance silencioso ha sido facilitado por la falta de respuestas estatales contundentes.

Las cifras refuerzan el diagnóstico: en 2023 se registraron 17.597 casos de extorsión en Ecuador, cifra que subió a 20.293 en 2024. Hasta mayo de 2025 ya se han documentado 4.569 denuncias, lo que sugiere una normalización del delito como forma cotidiana de resolver trámites, servicios y hasta rituales fúnebres.

Silencio institucional

Pese a las denuncias de los ciudadanos y la cobertura mediática del caso, el municipio de Guayaquil no ha emitido declaraciones. La ausencia de una postura oficial no solo agrava el problema, sino que deja en evidencia un posible grado de complicidad o, en el mejor de los casos, de negligencia. La falta de intervención permite que las mafias sigan operando sin consecuencias.

Diversas organizaciones de derechos humanos han comenzado a documentar la situación como un ejemplo más de la crisis de seguridad que vive Ecuador. La captura de espacios públicos por redes criminales debilita la democracia, fractura el tejido social y transforma lo que era un servicio esencial en un negocio clandestino.

Esta mañana el presidente @DanielNoboaOk realizó la entrega de chalecos Nivel Triple A y Nivel 3 a los servidores del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaría, en el cuartel Modelo de Guayaquil.
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— CENTRO Digital (@radiocentroec) August 7, 2025

El peligro aumenta 

La toma de cementerios por parte de mafias es un síntoma de una enfermedad estructural más profunda: el vacío de poder estatal. Cuando los servicios más básicos caen en manos de extorsionadores, lo que está en juego no es solo la legalidad, sino la dignidad humana misma. Permitir que la muerte se convierta en un botín para el crimen organizado implica aceptar la derrota de las instituciones.

Lo que ocurre en Guayaquil debería servir de alerta para otras ciudades de América Latina donde las bandas también avanzan sobre lo público. La defensa de estos espacios no puede quedar en manos de las víctimas; requiere de voluntad política, acción judicial y una ciudadanía que no normalice lo inaceptable.