09/08/2025 - Edición Nº914

Internacionales

Guerra ampliada

Operaciones militares en América Latina: el nuevo plan de Trump

08/08/2025 | La Casa Blanca habilita operaciones militares contra organizaciones criminales en América Latina, bajo la figura de terrorismo.



El presidente Donald Trump ha autorizado al Pentágono a desplegar operaciones militares contra ciertos cárteles de la droga extranjeros, principalmente en América Latina, que fueron previamente designados como organizaciones terroristas. La medida, confirmada por fuentes de seguridad, representa un cambio profundo en la política antidrogas de Estados Unidos, marcando la transición de un enfoque policial a una estrategia de carácter militar y extraterritorial.

La orden, emitida de forma reservada pero filtrada a medios como The New York Times y The Wall Street Journal, permitiría a las fuerzas armadas estadounidenses realizar acciones directas en territorio extranjero, incluyendo operaciones especiales, inteligencia táctica y ataques de precisión. El alcance de esta autorización es inédito en tiempos recientes, y abre la puerta a un escenario de tensiones diplomáticas con los países donde operan estos grupos.

Designación como terrorismo

En enero de 2025, Trump firmó una orden ejecutiva que clasificó a varios cárteles —entre ellos el de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, la Mara Salvatrucha (MS-13) y el Tren de Aragua— como organizaciones terroristas extranjeras. Esta categoría permite al gobierno estadounidense emplear herramientas legales y militares más agresivas, como sanciones económicas, restricciones de viaje y persecución judicial internacional.

Esta designación ha sido interpretada como la base jurídica que habilita ahora las operaciones militares. Además, el Ejecutivo ha invocado disposiciones históricas, como la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, para reforzar el marco legal de esta ofensiva. De acuerdo con funcionarios, la estrategia busca “neutralizar amenazas antes de que crucen la frontera”.

Alcance de las operaciones

Fuentes militares señalan que los planes contemplan el despliegue de fuerzas especiales en operaciones encubiertas, el uso de drones armados y la cooperación con agencias de inteligencia para mapear redes criminales. El objetivo sería golpear infraestructura clave, rutas de transporte y centros de mando de los cárteles.

No se descarta la coordinación con gobiernos aliados dispuestos a permitir presencia militar estadounidense en su territorio, aunque países como México han mostrado reservas ante cualquier incursión directa. La Casa Blanca argumenta que estas acciones serían quirúrgicas y se centrarían en objetivos de alto valor, evitando daños colaterales.

Riesgos y tensiones internacionales

La decisión de militarizar la lucha contra el narcotráfico podría agravar las relaciones bilaterales con naciones latinoamericanas. México, en particular, ha advertido que cualquier acción no consensuada sería considerada una violación de su soberanía. Expertos en derecho internacional alertan que estas operaciones podrían entrar en conflicto con normas de la ONU sobre el uso de la fuerza.

Asimismo, existe preocupación por los efectos colaterales, como la posible escalada de violencia en las zonas donde se ejecuten los ataques. Organizaciones de derechos humanos temen que el carácter militar incremente el riesgo para civiles y genere desplazamientos forzados.

Reacciones internas en EE. UU.

En el Congreso estadounidense, la medida ha dividido opiniones. Legisladores republicanos respaldan la estrategia como una respuesta contundente al narcotráfico, mientras que miembros demócratas cuestionan la falta de autorización legislativa previa y el potencial de involucrar al país en nuevos conflictos armados prolongados.

Sectores de seguridad consideran que la militarización podría acelerar resultados, pero advierten que sin un plan de estabilización y cooperación regional, las victorias tácticas podrían ser insostenibles. La experiencia en intervenciones extranjeras previas es citada como un precedente a evaluar.

Declaración de guerra 

La orden de Trump marca un punto de inflexión en la estrategia antidrogas de Estados Unidos, al trasladar el combate a escenarios internacionales y bajo mando militar. Si bien el objetivo declarado es frenar el flujo de drogas y desmantelar estructuras criminales, la implementación podría redefinir las relaciones de Washington con América Latina.

A mediano plazo, la efectividad de esta política dependerá no solo de la capacidad militar, sino también de la diplomacia y la cooperación internacional. Un equilibrio delicado que, de no gestionarse con cuidado, podría derivar en mayor inestabilidad regional.